CSIF solicita que se incluya a los 595 funcionarios de Justicia de la provincia de en los grupos prioritarios para la vacunación contra la Covid-19
El sindicato realiza esta petición al desconocer qué lugar ocupa este colectivo en los planes de vacunación y recuerda que, tanto en el primer estado de alarma como en la desescalada, el servicio que presta fue considerado esencial
11 de Marzo de 2021

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya entre los grupos prioritarios para la vacunación frente a la Covid-19 a los funcionarios de Justicia -un colectivo que en la provincia de Huelva asciende a 595 trabajadoras y trabajadores- por el servicio esencial que prestan y el nivel de exposición que tienen frente al virus.

La central sindical recuerda que ya en la primera declaración del estado de alarma la Administración de Justicia fue considerada como servicio esencial, manteniéndose abiertos juzgados, tribunales y demás edificios jurisdiccionales, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Igualmente, la Administración de Justicia también fue la primera en iniciar la fase de desescalada, precisamente por la necesidad de ofrecer este servicio público de forma eficaz.

El sindicato argumenta que “es necesario que este colectivo reciba un trato singularizado y preferente” habida cuenta de “las especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, el servicio esencial que prestan y, en muchas ocasiones, la obligación que tienen de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por Sars-CoV2”.

Subraya, sin embargo, que según las distintas estrategias e informaciones de las que ha tenido conocimiento CSIF, “nada se ha dicho del lugar que deben ocupar los funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia en cuanto al orden y la prioridad de vacunación, no pareciendo adecuado que se les catalogue dentro de los grupos generales de población”.

La importancia de la labor de este colectivo, puntualiza CSIF, es que los funcionarios de la Administración de Justicia garantizan -en su función de apoyo de jueces y magistrados- la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, así como la salvaguarda de los demás derechos de los ciudadanos y las garantías públicas.