Justicia Social
24 de Febrero de 2016

Manuel Antonio Conde, secretario provincial de Inmigración de CSIF-Huelva

Para entender que es la Justicia Social es necesario pensar en primer lugar en la injusticia social, es decir, pensar que existe un desequilibrio en el reparto de los bienes sociales. Esto nos lleva al concepto de la necesidad de que exista Justicia Social para que haya una distribución equitativa de esos bienes acompañada por el respeto a los derechos humanos y el fomento de las oportunidades a las clases sociales más desfavorecidas.

La Justicia Social implica el compromiso de los estados para compensar las desigualdades que genera la sociedad de mercado; los gobiernos tienen que propiciar las condiciones para que todos puedan desarrollarse con normalidad. Por este motivo, es necesaria la intervención del Estado para lograr la Justicia Social; no se puede dar la circunstancia de que en un estado el 20% de la población tenga más ingresos económicos que el 80% restante pues este tipo de situaciones son las que derivan en el desequilibrio y la injusticia social, que el Estado tiene la obligación de corregir. Y sólo aquellos países que promueven la justicia social son los que pueden tener una mejor calidad de vida en su ciudadanía.

Desde el año 2007 celebramos todos los 20 de febrero el Día Mundial de la Justicia Social pues las Naciones Unidas sostienen que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera y que constituye el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana, materia coincidente con las referencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la “Declaración sobre la Justicia Social” para una Globalización Equitativa. Las actividades conmemorativas de este día deben orientarse a la erradicación de la pobreza, promover el empleo pleno, el trabajo digno, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

Y para desarrollar precisamente la Justicia Social en nuestras sociedades es necesario crear escuelas a este respecto, formar al profesorado, crear liderazgo para esta causa e instar a los gobiernos de los estados para crear Políticas Públicas en Educación para la Justicia Social. Sólo así podremos conseguir una mejor distribución de los recursos, un reconocimiento y una valoración de la diversidad, y una mayor participación y representación social.