CSI-F estima que el sistema propuesto por la Administración penitenciaria es un nuevo recorte de derechos a lo que esta organización sindical se opone, que no se explicita dónde va a parar el ahorro producido con la medida que se propone y pone en duda que no se ponga en peligro la seguridad jurídica y sanitaria de los trabajadores penitenciarios, así como la salud de los internos.