El 15,8 por ciento de los docentes en Castilla-La Mancha son interinos
-CSIF traslada una queja al Gobierno por la parálisis política y una falta de negociación que provoca déficit en plantillas, falta de inversión y recortes
29 de Octubre de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado hoy una queja formal al Ministerio de Educación ante la parálisis política y la ausencia de negociación con los sindicatos durante los últimos años y que afecta directamente al déficit de plantillas, la falta de inversión, las desigualdades entre comunidades autónomas, el mantenimiento de los recortes, la desafección del profesorado con la Administración y el desamparo que sufren docentes y alumnado en Cataluña por el independentismo.

En Castilla-La Mancha hay 29.411 docentes, de los cuales 4.647 son interinos: un porcentaje que supone el 15,8 por ciento, muy lejos del objetivo de reducir la interinidad al 8 por ciento; el 11,5 por ciento de los interinos en la región son Maestros, cifra que se ha reducido gracias al Acuerdo Nacional firmado por CSIF en marzo de 2018 que ha permitido contar con 1.050 Maestros en prácticas. En cambio, más del 20 por ciento de interinidad corresponde a docentes de Enseñanzas Medias.

Asimismo, CSIF exige que los docentes interinos de Castilla-La Mancha deben cobrar el verano a partir de cinco meses y medio trabajados, y no como ahora que es preciso trabajar 10 meses para tener contrato durante los meses de julio y agosto. Ello origina un agravio comparativo respecto a los interinos de otras comunidades que se ven favorecidos en las oposiciones al acumular cada curso escolar dos meses más de experiencia docente.

Para evidenciar los efectos de la parálisis política a nivel nacional, CSIF ha realizado un informe según el cual, un total de 54.770 plazas correspondientes a personal interino todavía están pendientes de convocar para su estabilización. En estos momentos, la interinidad en la educación todavía afecta al 18,77 por ciento de las plazas, frente al objetivo del 8 por ciento.

Además, como constatamos al inicio del curso escolar, el sistema educativo arrastra un déficit de más de 26.600 docentes. Esta situación se verá agravada, ya que de aquí a 2023 se jubilarán previsiblemente más de 178.000 personas que hoy tienen más de 55 años, 500 de ellos en Castilla-La Mancha.

Por el contrario, en los últimos diez años, la cifra de alumnos no universitarios ha aumentado un 9,6% en todo el país (+722.733) hasta un total de 8.179.539, mientras que la cifra de docentes solo ha subido un 4,1% (+20.320) generando un desfase en la ratio de alumno por profesor, según un informe realizado por CSIF con los últimos datos disponibles hasta 2018.

A estos datos de empleo se une un déficit en el gasto educativo de 7.123 millones de euros, dado que los diferentes Gobiernos de forma sistemática no han reflejado el incremento del coste de la vida a esta inversión. De hecho, el actual gasto educativo apenas alcanza el 4 por ciento del PIB (recordamos que el PSOE se salió del pacto Educativo porque este gasto no alcanzaba el 5 por ciento).

DÉFICIT EDUCATIVO

Por otra parte, la falta de acuerdos políticos, el retraso en la formación de un nuevo Gobierno, la prórroga de los presupuestos y los problemas de financiación de las CCAA no han hecho más que agravar la situación. Todo ello está provocando que no se pongan en marcha soluciones inmediatas a problemas tan graves como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada y el exceso de burocracia en los centros.

El curso 2019/2020 seguirá así marcado por los mismos problemas de cursos anteriores y que requieren soluciones: la incertidumbre ante la LOMCE y la falta de negociación en algunas comunidades autónomas para la reducción del horario lectivo.

Desde CSIF, reclamamos una normativa básica que regule el horario lectivo para todos los docentes y una negociación de este tema en el marco del Estatuto Docente y que un futuro Gobierno estable lidere el Pacto Educativo para modificar la LOMCE y se consensúe una Ley que mejore nuestro Sistema Educativo.

Esta Ley debe fundamentarse en: potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas.

Se trata de un ejemplo más de la falta de consenso y de un Pacto Educativo que impida desigualdades entre comunidades autónomas, como sucede en otros ámbitos como las pruebas de selectividad.