CSI-F rechaza de plano el informe del CGPJ sobre criterios y principios básicos para una nueva demarcación judicial
04 de Mayo de 2012

Informa 03 de mayo de 2012
CSI_F: TU SINDICATO
Central Sindical Independiente y de Funcionarios _ Sector Justicia
CSI_F RECHAZA DE PLANO EL INFORME DEL
CGPJ SOBRE CRITERIOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA UNA NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL
CSI•F, MEDIANTE SENDOS ESCRITOS PRESENTADOS ANTE EL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y ANTE EL
MINISTRO DE JUSTICIA, MUESTRA SU RECHAZO MAS
ABSOLUTO A LA PROPUESTA REALIZADA POR EL PRIMERO
PARA DETERMINAR UNA NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL.
El pasado día 19 de abril tuvimos conocimiento a
través de la página web del CGPJ de “Los
principios para una nueva demarcación judicial”
en la que propone al Ministerio de Justicia un
nuevo mapa judicial resultante de la aplicación
de estos principios cuya consecuencia más
importante es la reducción de 493 partidos
judiciales de toda España a menos de la mitad
Todo ese trabajo está realizado, exclusivamente,
desde un punto de vista economicista, de
ahorro, y no desde la perspectiva de la
Administración de Justicia como un servicio
público esencial
Dos han sido los problemas de la Administración
de Justicia. Uno, secular, la falta de medios
materiales y personales que sigue sin
resolverse. Otro, más reciente y nos referimos a
ese impulso irrefrenable de reformar por
reformar, de implantar nuevas formas de
organización de golpe, sin consenso ni
participación, sin autocrítica y sin capacidad para
reconocer que la práctica procesal no
recomienda adoptar determinadas estructuras
organizativas como está ocurriendo con la NOJ
en las ciudades piloto Errores de concepto y
errores en la forma de aplicar el modelo que,
desgraciadamente, han supuesto malgastar
cientos de millones de euros para un resultado
bastante decepcionante.
Por otro lado la concentración de partidos
judiciales bajo criterios población mínima,
kilómetros de distancia, tiempo de acceso y,
sobre todo, número mínimo de órganos
judiciales, crea desigualdades y dificulta el
ejercicio de derechos fundamentales
contraviniendo el artículo 9.3 de la Constitución
que obliga a la Administración a remover los
obstáculos que impidan el ejercicio de derechos
por los ciudadanos.
Pero es que además, a mayor distancia
mayor coste para el sufrido bolsillo del
ciudadano que ya se ha visto asaltado por la
crisis y, en materia de acceso a la justicia, con la
implantación de tasas judiciales, depósitos para
recurrir o imposición de costas procesales entre
otros aspectos.
Con la concentración de partidos
judiciales miles de ciudadanos van a ver
debilitada el equilibrio que la ley establece para
facilitarles el ejercicio de su derecho a la tutela
judicial efectiva frente a otras partes más fuertes.
Así a este respecto la Carta de
Derechos al Ciudadano (aprobada por
unanimidad por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 16 de abril de 2002) dice: “El
derecho del ciudadano a que su comparecencia
personal ante el órgano judicial resulte lo menos
gravosa posible”
Desde el punto de vista de las
condiciones de trabajo de los funcionarios, el
proyecto parece abrir la puerta a una masiva
reordenación de efectivos que implicaría
cambios de localidad de trabajo con el coste de
desplazamiento que supondría cuando no,
directamente, cambios de residencia donde el
coste se dispara. Y es que el lugar de trabajo
es una condición esencial del puesto de
trabajo que no se puede cambiar de la noche
a la mañana y porque sí.
Todos estos proyectos tienen un
denominador común: el traslado forzoso de los
funcionarios a nuevos
destinos dentro y fuera de
las localidades donde ahora
están trabajando. En este
sentido, solamente
recordaremos los artículos
523 de la LOPJ y el 82 del
EBEP donde se especifica
por un lado que los cambios de destino no
pueden suponer cambio de localidad y, en otro,
que, en último término los traslados forzosos
deben contemplar las indemnizaciones
correspondientes. Al primero, no vamos a
renunciar. Al segundo, tampoco y la pregunta es
¿hay dinero para afrontar esas
indemnizaciones?
¿Cómo pretende
la Administración
mejorar la calidad
de este servicio
público esencial,
y sobre todo la
atención al
ciudadano en
comunidades
autónomas muy
despobladas en su conjunto y centrada
básicamente en la capital, y cuyas vías de
comunicación y transporte público no son
exactamente las deseables, como es el caso de
Aragón?
Con este informe quedan en el aire varios
temas:
Conversión de Juzgados y sus criterios.
Formación de los funcionarios adscritos a
cada órgano. Especializarlos.
Reordenación y Redistribución del personal.
Voluntariedad.
Nuevos Servicios de notificaciones y
embargos por circunscripción.
Creación de oficinas de Decanato.
Situación de los funcionarios de los Juzgados
de paz y sus agrupaciones.
No podemos admitir, en la época de
recortes en las retribuciones y Derechos de
todos los funcionarios que formamos parte de la
Administración de Justicia se hagan gastos (que
no inversiones) faraónicos, para cambiar el
mapa judicial de nuestro país, alejando el
acceso a la Justicia de los ciudadanos, que en
última instancia, son los únicos beneficiarios de
la Administración.
Respecto al informe, desde CSI•F, igualmente
nos parece un error que primero se fijen las
circunscripciones, sin saber qué tipo de
estructura se pretende implantar, ya que unas
veces se habla de Oficina Judicial formada por
UPADs, Servicios Comunes, etc. y otras veces
de especialización de los Juzgados y separación
de los órdenes jurisdiccionales
Por todo lo expuesto anteriormente, CSI•F
como Sindicato Mayoritario en el ámbito de la
Administración de Justicia a nivel nacional así
como en muchas de las comunidades
autónomas con competencias transferidas,
SOLICITA, que sean retiradas las propuestas
realizadas como CRITERIOS Y PRINCIPIOS
BÁSICOS PARA UNA NUEVA DEMARCACIÓN
JUDICIAL.
Igualmente, SOLICITA que se abra una vía
de diálogo con todos los intervinientes en la
Administración de Justicia, porque obviar el
diálogo con todos los agentes que intervienen de
forma activa en la dinámica diaria de la
Administración de Justicia, es hacer una
valoración sesgada de la situación real de la
misma, lo que nos llevará, como ocurre con el
documento analizado, a una visión parcial de la
Administración de Justicia española que no se
ajusta a la realidad.
Podréis encontrar los escritos
presentados, así como el proyecto presentado
por el CGPJ en nuestra WEB nacional y en los
locales sindicales de CSI•F

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