Las administraciones públicas registran los mayores niveles de temporalidad y envejecimiento de la serie histórica
ACTUALIDAD / EPA 4T
29 de Enero de 2020

CSIF Granada, primer sindicato de la función pública y tercero en la empresa privada, valora de forma positiva los datos de creación de empleo y reducción del paro conocidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cuarto trimestre de 2019 en la Encuesta de Población Activa (EPA).

No obstante, la presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, subraya que “los datos analizados por nuestro sindicato en el ámbito de las administraciones no nos hace ser muy optimistas ya que la temporalidad continúa creciendo en las administraciones públicas hasta porcentajes nunca vistos en las últimas décadas y esto repercute directamente sobre la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía”. Y es que la EPA ha vuelto a constatar que la temporalidad en el empleo público a nivel nacional (905.300 empleos, el 27,8 por ciento del total) supera un punto y medio a la que se registra en el sector privado (26,3 %).

En nuestra provincia, durante el último año, el empleo ha crecido con 11.800 personas ocupadas más, registrando una tasa de paro del 19,68% y de actividad del 55,54%. A pesar del descenso registrado, la provincia cierra el año con 83.000 desempleados y Andalucía como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de paro, sólo superada por Ceuta (27,58%), Melilla (26,81%) y Extremadura (23,48%). Por ello, Pineda reclama “medidas de calado al ejecutivo andaluz y al nuevo Gobierno Central para hacer frente a la precariedad en el empleo que afecta tanto al sector privado como a las administraciones públicas y a la debilidad de nuestro tejido productivo”.

Por otra parte, según los mismos datos conocidos hoy, las plantillas de las administraciones públicas registran un total de 925.200 personas con más de 55 años (el 28,4 % del total) que se jubilarán a lo largo de los próximos 10 años.

Por ello, CSIF reclama al Gobierno negociar un plan de recursos humanos que garantice la sostenibilidad de las administraciones públicas, con un plan de choque sobre las plantillas, la agilización de las ofertas de empleo público y de estabilización pendientes y un nuevo acuerdo para la mejora de las condiciones laborales.