CSIF apoyará la huelga general en Correos si se mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública
EMPRESAS PÚBLICAS ESTATALES
29 de Mayo de 2017
CSIF apoyará la huelga general en Correos si se mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública

El Servicio Postal Universal prestado por Correos viene desempeñando un papel fundamental para que este servicio llegue a todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo, de forma accesible y asequible. Garantiza, por tanto, el acceso al servicio postal público tanto en grandes capitales y zonas urbanas como en las zonas rurales o entornos no urbanos.

Tratándose de una actividad deficitaria en una gran parte del territorio nacional, sólo atendidas por Correos y no por las empresas privadas -que sólo buscan su rentabilidad económica- el Estado tiene la obligación legal, establecida por la vigente Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, los derechos de los ciudadanos y el mercado postal, de financiar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un servicio público que, de otra forma, se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos

En pleno trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, CSIF, CCOO, UGT y Sindicato Libre, con el 85% de la representación sindical en Correos, han anunciado que no descartan la huelga general en la mayor empresa pública del país si no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública que el Ministerio de Fomento tiene previsto y se aprueba el Plan de Prestación del Servicio Universal previsto en la Ley Postal para garantizar la cobertura del servicio postal en aquellas zonas del país cuya prestación es deficitaria pero socialmente necesaria.

Las organizaciones sindicales han iniciado una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos a nivel estatal con el objetivo de poner en marcha una serie de iniciativas orientadas a rescatar la financiación recortada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está debatiendo en el Parlamento.

Este tijeretazo no sólo va a lastrar la cuenta de resultados de Correos, sino que va a precarizar el empleo, recortar la plantilla y sus derechos, especialmente en la zona de la Costa (Carchuna, La Herradura), zona Norte (Caniles, Cullar Baza, Huéscar), zona Montes Orientales (Pedro Martínez), zona Poniente (Alhama, Montefrío, Huetor Tájar), zona Alpujarra (Lanjarón, Trevelez, Capileira) y zona Granada Periferia (Sierra Nevada, Huétor Vega, Ogíjares, Alfacar, Padul), donde se podría producir el cierre de oficinas o la reducción de horarios de atención al público, como ha sucedido en las de Granada Capital, Albolote, Huetor Vega, Santa Fe, Las Gabias y Peligros.

Las cifras, más allá de los ejemplos, hablan por sí solas: el recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En Granada, el ajuste podrá implicar: 300 carteros suprimidos en toda la provincia, poblaciones de Granada sin reparto regular, más de 300.000 ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, así como más de 1.500 kilómetros de reparto recortados al día.

Además de empeorar el servicio público prestado en regularidad y en extensión, se corre el riesgo de dejar de recibir el correo cinco días a la semana y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia-paquete porque el cartero ya no llegará a su domicilio, además de tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse el cierre de miles de ellas.

Así, han recalcado la urgente necesidad de corregir el recorte de un tercio de la financiación actual de 180 millones para la prestación del Servicio Postal Universal, cuantía que para los sindicatos ya estaba muy por debajo de la que requiere la prestación pública encomendada a Correos y cuyo carácter deficitario debe cubrir los PGE.

Los sindicatos, además, ponen el acento en que este recorte estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el Convenio Colectivo, bloqueado desde hace 3 años y medio, y para el pacto salarial que exigen tras más de 6 años de congelación y recorte.

De no modificarse el planteamiento, los sindicatos han advertido a Fomento y a SEPI que están apostando seriamente por la convocatoria de una huelga general.