La Xunta de Galicia: Un negocio de familia y amigos.

En plena crisis sanitaria y económica, altos cargos de la Xunta y políticos del Partido Popular se confabulan para mantener las mamandurrias.

Consello de Contas, la Dirección de Orzamentos y la Consellería de Medio Ambiente contrarios en su día a los trienios de la EPOSH.
20 de Enero de 2021

En un momento en el que el número de parados se incrementó en Galicia en un 14’69% durante el 2020, en un momento en el que miles de autónomos y pequeñas empresas gallegas se vieron abocados a cesar en su actividad y en un momento en el que miles de hogares gallegos están viviendo situaciones de auténtica tragedia económica, altos cargos de la Xunta en connivencia con políticos del Partido Popular se confabulan para mantener sus privilegios en la Administración.

El pasado 17 de diciembre de 2020, el Herald Toupeiras denunciaba en un artículo titulado Feijoo modifica la Ley de empleo público en beneficio personal de miembros de su gobierno la modificación de la Ley de Empleo Público de Galicia que el gobierno de Feijoo pretende hacer a través de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para beneficiar directamente a la Conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vazquez, así como a tres altos cargos de la misma Consellería. Todos ellos trabajadores en excedencia de la extinta Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH).

Igualmente, entre los trabajadores de la extinta EPOSH beneficiados por esta modificación legislativa se encuentra un cuñado del portavoz adjunto en el Senado del Partido Popular, José Manuel Barreiro.

Con dicha modificación de la Ley de empleo público de Galicia, hecha a espaldas de los sindicatos y eludiendo la obligatoria negociación en la Mesa General, lo que el gobierno gallego pretende es convertir a los trabajadores de la extinta EPOSH en funcionarios de la Xunta de Galicia con unos salarios que, en muchos casos, superan en más de 20.000€ anuales (2.000€ al mes) a los que perciben los funcionarios por oposición de la misma Xunta de Galicia, únicamente por el concepto de antigüedad (trienios).

Y todo ello se hace a pesar de los informes en contra emitidos en su día tanto del Consello de Contas, de la Dirección Xeral de Orzamentos, así como de la propia Consellería de Medio Ambiente, de la que dependía en su día la extinta EPOSH.

Las críticas del Consello de Contas.

Ya en el año 2019, tal y como informaba en su día el diario Praza, el Consello de Contas, en los informes específicos entregados al Parlamento de Galicia, censuraba que la Xunta rescatase personal de entes suprimidos manteniéndoles unos sueldos superiores al de los funcionarios.

Así, el propio Consello de Contas venía a afirmar que

“O persoal tanto fixo, indefinido non fixo e temporal das entidades extinguidas conserva na subrogación o réxime e condicións de orixe. Este feito provoca diferencias importantes, principalmente retributivas, entre o persoal asumido proveniente das entidades extinguidas e os traballadores do ente absorvente.

A diferencia de dereitos non se xustifica polas características dos postos de traballo que viñan prestando os traballadores subgrogados nas entidades extinguidas e contrasta co sistema de acceso a eses postos que, tal e como teñen sinalado os órganos de control recorrentemente, en moitos casos non cumpriron os principios de igualdade, mérito e capacidade.”

Del mismo modo, el Consello de Contas criticaba en su informe que

“Existen supostos nos que o persoal laboral absorbido ten retribucións salariais superiores ao persoal funcionario que exerce as xefaturas”

El informe de la Dirección Xeral de Orzamentos.

Por su parte, con fecha 20 de noviembre de 2009, el Director Xeral de Orzamentos, que sigue siendo el mismo que a día de hoy, informa desfavorablemente el anteproyecto de ley de aguas de Galicia por, entre unos de los motivos destacados, el sistema de cómputo de la retribución de la antigüedad.

Dicho informe, al que tuvo acceso CSIF, afirma que

“O sistema de cómputo da retribución de antigüidade que actualmente ven aplicando a EPOSH suporía para o persoal do organismo autónomo de Augas un incremento moi significativo, que nalgúns casos cuadriplica a contía dos trienios do persoal da Xunta…”

Incluso, el propio Director Xeral de Orzamentos viene a reconocer, refiriéndose al personal propio de la Xunta de Galicia que presta servicio en Aguas de Galicia que,

“… cando o persoal de Augas realice as funcións na nova Axencia, reclamará lexitimamente cobrar o mesmo que o persoal da EPOSH.

El informe de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Por su parte, en mayo del 2010, y dentro de la memoria y plan de actuación del borrador del anteproyecto de Ley de Aguas de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente (de quien dependía en ese momento la extinta EPOSH) establecía que:

“Para os efectos do cálculo da antigüidade para o persoal laboral na nova entidade Augas de Galicia cabe destacar que se elimina o actual cómputo que se ven levando a cabo na EPOSH, cuxo cálculo está establecido no seu convenio colectivo como o 5% do salario base. En consecuencia, estase a reducir un gasto futuro importante..”.

El criterio de la Consellería de Medio Ambiente no admitía tacha. Así, venía a asegurar que:

“… Os postos con igual nivel de responsabilidade contarán con igual nivel retributivo, coa única excepción das Xefaturas de Areas…

“Deste xeito evitaranse posibles conflitos no futuro”.

El ahorro de más de 150.000€ sólo en trienios.

En el propio informe de la Consellería de Medio Ambiente se calculaba el ahorro que supondría para la Administración el cálculo de los trienios del personal de la EPOSH con el mismo valor que al personal laboral de la Xunta de Galicia. Dicho ahorro se estimaba para los próximos 3 años, es decir, en el año 2012 en 50.882,52€.

Es decir, de haberse llevado acabo en el 2012 la adaptación de trienios del personal de la EPOSH al personal de la Xunta de Galicia tal y como estaba previsto, el ahorro para la Xunta de Galicia sería de 152.647€ únicamente en el concepto de trienios.

Sin embargo, dicha adaptación de trienios no sólo no se llevó a cabo, sino que ahora se pretende perpetuar una vez que el personal de la EPOSH se convierta en funcionario.

Hay que destacar que, en ese momento, la plantilla de la EPOSH estaba integrada por 47 trabajadores. Ello implica una media de 3.248€/año a cada trabajado por cada trienio.

Y teniendo en cuenta que el Convenio de la EPOSH se remonta al año 2005, los cálculos del importe anual medio en concepto de trienios resultan relativamente sencillos.

*Tabla comparativa de trienios personal EPOSH/personal laboral de la Xunta en el año 2009: Pincha en la imagen para ampliar.

¿Pero, qué ocurre mientras tanto con los trabajadores de la Administración General de la Xunta de Galicia?

Por el contrario, y en ese mismo momento temporal, el presidente Feijoo y la totalidad de los parlamentarios gallegos del Partido Popular adoptaban una política diametralmente opuesta para el personal funcionario y laboral de la Xunta de Galicia.

Y todo ello, en base a una situación de crisis económica que hacía imprescindible iniciar una sangrante política de recortes de derechos económicos y laborales…

La demolición del empleo público.

En el año 2012, la Xunta inició una demoledora política de amortizaciones de centenares de puestos de trabajo que se prolongó durante más de cinco años.

Los brutales recortes de las pagas extraordinarias desde el 2012 al 2016.

Igualmente, en el año 2012, Feijoo decretó la supresión del complemento específico de las pagas extraordinarias durante el período 2012-2016. Ello supuso una pérdida retributiva media de más de 3.000€ para cada trabajador de la Administración General.

La Ley de medidas temporales en el empleo público gallego.

Y, por si fuera poco, en ese mismo año los parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Popular aprobaban al unísono y con el aplauso unánime la Ley 1/2012, de medidas de temporales en determinadas materias del empleo público de Galicia (Ley de recortes).

Ley que, nueve años después, sigue vigente y que supuso, entre otros recortes, la suspensión de derechos del Convenio Colectivo y la supresión del Fondo de Acción Social.

La valoración de CSIF

Es indefendible, bajo cualquier punto de vista, que trabajadores con la misma titulación y mismas funciones tengan unas retribuciones diferentes. Lo es, a pesar de que unos trabajen en la Administración Pública y otros presten sus servicios en la extinta EPOSH.

Es inadmisible que el gobierno modifique unilateralmente las normas pactadas para convertir en funcionarios de la Administración a trabajadores de la EPOSH manteniendo esas diferencias salariales. Máxime cuando la modificación de la ley tiene como único objetivo beneficiar a miembros del propio gobierno o afines al partido político. Tal comportamiento tiene un nombre propio, el de Corrupción administrativa.

Es inmoral que el gobierno de Alberto Núñez se siga negando a devolver y reponer los derechos laborales y económicos sustraídos a los trabajadores de la Administración General desde el año 2012 y que se mantenga miserable en los plazos e importes de la carrera administrativa.

Pero, sobre todo, es indecente que el grupo parlamentario del Partido Popular de luz verde a la modificación de la Ley de empleo púbico de Galicia para convertir a la Xunta de Galicia en un negocio de familia y amigos.

Quizá la única conclusión válida que se pueda extraer es que, para los parlamentarios del Partido Popular, con Alberto Núñez a la cabeza, los empleados públicos somos todos iguales, pero unos más iguales que otros