Feijoo modifica la Ley de empleo público en beneficio personal de miembros de su gobierno.
La modificación supondrá la conversión de trabajadores de entes instrumentales en funcionarios de la Xunta, pero con unos sueldos que superan en más de 20.000€ a los que perciben los funcionarios por oposición.

18 de Diciembre de 2020

En el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas, de acompañamiento a la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el año 2021, la Xunta incluye una Disposición Adicional Primera que modifica por completo el Decreto 129/2012 de 31 de mayo. Y lo hace ocultándoselo a los sindicatos e incumpliendo la obligatoria negociación sindical.

Este Decreto regula la integración del personal laboral de los entes instrumentales (la conocida como administración paralela) como personal de la Administración General de la Xunta de Galicia.

El Decreto actual establece que los trabajadores de los entes instrumentales que quieran voluntariamente convertirse en empleados públicos de la Xunta de Galicia, tienen que adaptar su salario a las mismas retribuciones establecidas para los empleados públicos de la propia Xunta, teniendo que hacerlo en el plazo máximo de 6 años desde su pase a la Administración Pública.

Ello debido a que el salario del personal de los entes instrumentales es, salvo excepciones contadas, muy superior al de cualquier empleado público de la Administración General. Así mismo, el Decreto aclara que el trabajador que se integre, en ningún caso mantendrá los importes derivados del concepto de antigüedad (trienios). El motivo es que, en la inmensa mayoría, los convenios colectivos de los entes instrumentales establecen el valor de cada trienio en el 5% del salario bruto por cada tres años de trabajo, mientras que para los trabajadores de la Xunta es una cantidad fija.

Con esta normativa ya se han llevado a cabo varias integraciones de trabajadores de entes instrumentales como empleados de la Xunta de Galicia.

Es decir, lo que el Decreto 129/2012 persigue es homogeneizar las condiciones laborales y económicas de personal de la Xunta de Galicia con el personal de los entes instrumentales que desempeñan idénticas funciones en una misma Administración. Pero siempre bajo la premisa de la voluntariedad para el personal de los entes instrumentales.

Sin embargo, la modificación que Feijoo introduce en la Ley de empleo público y que entrará en vigor una vez que se aprueba la Ley de presupuestos, modifica por completo las disposiciones del Decreto.

¿Cuál es el motivo de esa modificación?

La Xunta está preparando la integración en la Xunta de los trabajadores de la extinta Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH). Empresa de la que es trabajadora en excedencia con reserva de plaza la Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, así como dos Altos Cargos de la misma Consellería.

El 30 de enero de 2012 la EPOSH fue objeto de extinción y su personal se integró en el organismo autónomo Augas de Galicia, organismo que depende de la Consellería de la que es titular la propia Ethel Vázquez.

En marzo de 2015 (DOG nº 65 de 8 de abril de 2015), la Consellería de Facenda inició los trámites para la integración de este personal en la Administración en las condiciones que establecía el Decreto 129/2012. Pero ante la pérdida económica que suponía esta integración, la actual Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade presionó ante el Conselleiro de Facenda para que se dejase sin efecto el procedimiento.

Sin embargo, ahora la Conselleira de Mobilidade sí tiene interés en que se lleve a cabo esa integración del personal de la EPOSH en la Administración de la Xunta y, con ella, su propia integración. Pero tiene interés siempre que se mantengan en lo posible las condiciones económicas, muy superiores a las de cualquier funcionario de carrera y por oposición.

¿En qué consiste la modificación que hará Feijoo en la Ley de empleo público?

En el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas, de acompañamiento a la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el año 2021, la Xunta incluye una Disposición Adicional Primera que modifica por completo el Decreto 129/2012. Y lo hace ocultándoselo a los sindicatos y, en consecuencia, sin la obligatoria negociación sindical.

Esta Disposición Adicional establece:

Disposición adicional primera. Complemento personal de mantenimiento de las retribuciones en concepto de antigüedad

El personal laboral fijo procedente de las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia que, mediante el procedimiento establecido en el Decreto 129/2012, del 31 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico aplicable a personal de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico de Galicia que sean objeto de creación, adaptación o extinción, se integre como personal laboral fijo de la Xunta de Galicia y que, en virtud de su convenio colectivo de origen, perciba en concepto de antigüedad unas cantidades superiores a las establecidas por el mismo concepto en el Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, tendrá derecho a un complemento adicional e independiente del complemento personal de integración establecido en la disposición transitoria primera del dicho Decreto 129/2012, del 31 de mayo.

Este complemento consistirá en la diferencia positiva entre la cantidad percibida por antigüedad en el momento anterior a la dicta integración y la cantidad resultante de aplicar el establecido en el número 5 del artículo 12 del dicho decreto.

Este complemento permanecerá con la misma cuantía independientemente de las variaciones en los restantes conceptos retributivos y se mantendrá incluso en el caso de funcionarización de este personal laboral integrado.

A pesar de que la Xunta no hace públicas las tablas salariales del personal de la extinta EPOSH, los sueldos de la mayoría de los trabajadores, sin contar los trienios, son muy superiores a los de cualquier Subdirector General de la Administración (puesto más alto de la carrera de un funcionario).

Por su parte, el Convenio Colectivo de la EPOSH, firmado en el año 2005, siendo Conselleiro de Política Territorial el propio Feijoo en el gobierno en funciones de Manuel Fraga después de haber perdido las elecciones, establece el valor de cada trienio en el 5% de las retribuciones por cada tres años de antigüedad. En ese momento, ejercía la presidencia de la EPOSH Ethel Vázquez.

Según los cálculos hechos por CSIF, realizados a la baja, una vez que los trabajadores de la EPOSH se conviertan en trabajadores de la Xunta, las retribuciones de la mayoría de ellos serán, como mínimo, superiores a la de cualquier funcionario en más de 20.000 euros anuales.

*A modo de ejemplo, y según datos de la propia web de la Xunta de Galicia:

Ethel Vázquez como trabajadora en excedencia de la EPOSH, con 5 trienios acumulados, percibe un total de 13.443 €/año

El Conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, como funcionario de la Xunta de Galicia en servicios especiales, con 11 trienios acumulados, percibe un total de 6.743’22€/años. Una cantidad similar es la que percibe el propio Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo

(Nota: Hay muchos trabajadores de la EPOSH con una antigüedad mayor, por lo que perciben, únicamente en concepto de antigüedad, más de 20.000€ al año.)

¿Corrupción política y nepotismo en un mismo acto?

Para el caso del personal de los entes instrumentales que se extinguieron (como es la EPOSH), la normativa autonómica establece que el Consello de la Xunta puede adoptar las medidas que considere oportunas, pudiendo disponer, incluso, la extinción de la relación laboral.

Es decir, la modificación que se hace del Decreto 129/2012 no es debida a que nos encontremos ante un caso de sucesión de empresa, ni obligue a ello ninguna norma laboral. Es, lisa y llanamente, un supuesto de utilización de la ley para beneficio particular. Y, en este caso, haciendo un uso abusivo de la mayoría parlamentaria del Partido Popular.

El agravio comparativo en el que permanentemente incurre Feijoo con los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a cualquier mejora de las condiciones económicas para los empleados de esta Administración, Feijoo carece de escrúpulos a la hora de aplicar recortes salariales y de derechos, amparándose siempre en la situación económica de Galicia.

Hay que recordar que durante los años 2013 a 2016, Feijoo suprimió de las pagas extraordinarias de los empleados públicos correspondientes a los meses de julio y diciembre el importe correspondiente al complemento autonómico. Ello, supuso una media de pérdida acumulada por trabajador de más de 3.000€.

Igualmente, en el año 2010 Feijoo suprimió las cuantías destinadas al Fondo de Acción Social (7.000.000€ anuales), así como, entre otros, el derecho a la compensación económica por trabajar los domingos y días festivos.

Ninguno de estos derechos suprimidos fue repuesto por Feijoo.

Del mismo modo, los funcionarios de la Administración de la Xunta de Galicia son los que están peor remunerados, comparándolos no sólo con funcionarios de otras Comunidades, sino incluso con respecto a otras Administraciones de esta Comunidad (Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo, Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.).

Igualmente, los funcionarios de esta Administración son los más desfavorecidos tanto en los importes como en los plazos del cobro de la carrera profesional.

Valoración de CSIF

CSIF exige del Presidente de la Xunta que, de una vez por todas, deje de despreciar y agraviar a los funcionarios de la Administración General situándolos, una vez más, en condiciones económicas menos favorables que la de otros trabajadores que realizan idénticas funciones.

Del mismo modo, CSIF exige que se retire esta modificación de la Ley de empleo público de Galicia, toda vez que no ha sido negociada con las organizaciones sindicales y se ha realizado a sus espaldas. Y, en consecuencia, que se mantenga vigente en su integridad el actual Decreto 129/2012.

Así mismo, CSIF considera imprescindible negociar un nuevo acuerdo de condiciones económicas y laborales de los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma que sustituya al Acuerdo de concertación firmado por CCOO y UGT (sindicatos minoritarios entre el personal funcionario), toda vez que se ha demostrado ineficaz, ineficiente y perjudicial.

Por último, CSIF rechaza contundentemente toda práctica de corrupción política, nepotismo y el retorno a una Administración caciquil.

¡No existe mayor corrupción que utilizar las leyes en beneficio propio!

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