La Xunta niega el acceso a los empleados públicos a formación específica en Prevención de Riesgos Laborales.
La Consellería de Emprego excluye al personal de los servicios esenciales de la formación sobre el Covid-19 a través de una resolución presuntamente ilegal.

CSIF anuncia acciones legales ante la aberrante arbitrariedad de la Secretaría Xeral de Emprego.
15 de Septiembre de 2020

Desde hace más de diez años, CSIF viene ofertando formación en materia de prevención de riesgos laborales a los empleados públicos de todos los ámbitos (educativo, sanitario, local, administración general, etc.). Y ello en base a una orden anual de subvenciones que la Consellería de Emprego dirige para tal fin a patronal y sindicatos.

Así, las propias bases reguladoras de las distintas Órdenes de ayudas para acciones de fomento y prevención de PRL establecen como destinatarios de la formación a: «… las personas trabajadoras activas o en situación de desempleo, personas trabajadoras autónomas, delegados y delegadas de prevención, recursos preventivos y personas trabajadoras designadas que asuman con medios propios la actividad preventiva de la empresa.»

Las pírricas cuantías que percibe CSIF, en comparación con las obtenidas por otras organizaciones sindicales, son destinadas cada año para actividades específicas de PRL, dirigidas tanto a personas desempleadas como a empleados públicos.

Este año, en febrero del 2020, CSIF concurrió nuevamente a la convocatoria de la Orden de subvención de PRL, presentando acciones formativas muy específicas para los empleados públicos.

La Consellería de Emprego excluye de la formación a los empleados públicos y establece un nuevo concepto jurídico: persona desempleada “del ámbito privado”.

La solicitud de CSIF es resuelta el 9 de septiembre por la Secretaría Xeral de Emprego. Pero lo hace de un modo muy singular. Lo hace estableciendo una cláusula por la cual, de forma taxativa, excluye a todos los empleados públicos como beneficiarios de la formación.

A pesar de que las bases reguladoras de la Orden establecen como destinatarios a “las personas trabajadoras activas o en situación de desempleo”, en la resolución que Emprego dirige a CSIF introduce una novedosa y arbitraria cláusula que contradice a la propia Orden:

“Las ayudas concedidas sólo podrán ir destinadas a actividades dirigidas a personas desempleadas del ámbito privado o bien personas trabajadoras que no fuesen empleados públicos”.

Es decir, la Consellería de Emprego no solo le niega la condición de trabajador activo a los empleados públicos, sino que se inventa un nuevo concepto jurídico implantando la figura de persona desempleada del “ámbito privado”, diferenciándola de la persona desempleada del “ámbito público” …

Esta cláusula, que conculca conscientemente la normativa reguladora, no sólo excluye a cualquier empleado público como beneficiario de la formación, sino que también deja fuera a toda aquella persona desempleada que se encuentre inscrita en una bolsa de empleo temporal de cualquier Administración Pública.

Algo totalmente surrealista e inexplicable, máxime viniendo de la propia Consellería competente en materia de desempleo.

Personal de los servicios esenciales: La Consellería de Emprego les niega la formación específica de Covid.

Las acciones programadas por CSIF para este año, además de tener como destinatarios a personas desempleadas y a todos los empleados públicos , tenía contenidos específicos para personal asignado a los servicios esenciales (Servicio de prevención de incendios forestales, policías locales, personal sanitario, etc.). Y contaba, entre otra, con formación de PRL ante casos de coronavirus y otros virus de origen desconocido.

Una formación específica que la Consellería de Emprego no solo impide ahora a CSIF impartir a los empleados públicos, sino que se trata de una formación que tampoco es impartida por la Administración autonómica a sus trabajadores.

CSIF anuncia acciones legales ante la aberrante arbitrariedad de la Secretaría Xeral de Emprego.

Este ataque sin precedentes, injustificado y sin base legal de la Secretaría Xeral de Emprego contra los empleados públicos no va a quedar sin respuesta.

CSIF recurrirá esta resolución manifiestamente injusta ante todas las instancias judiciales que sea posible, a fin de garantizar la formación de todos los empleados públicos gallegos.

Y, del mismo modo, CSIF advierte que, si hubiera motivo para ello, exigirá las responsabilidades personales que correspondan. Y lo hará sin ningún tipo de contemplación.