CSIF lidera la representación en las administraciones locales de Galicia, con mayoría en el 48% de los ayuntamientos
El sindicato, que suma 306 delegados en este ámbito, es la opción mayoritaria en cinco de las siete grandes ciudades de la comunidad
30 de Diciembre de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha convertido en el sindicato con más representación en la administración local en los últimos cuatro años, en los que ha conseguido encabezar o igualar el número de delegados en ayuntamientos en las provincias de A Coruña (123), Pontevedra (116) y Ourense (34). En el conjunto de las administraciones locales de Galicia, CSIF suma 306 delegados en este final de 2019, lo que sitúa a la central por encima de CCOO, CIG y UGT que ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente.

Este crecimiento en la administración local se traduce también en que CSIF es el sindicato con más apoyo y representación, tanto entre personal funcionario como laboral, en cinco de las siete ciudades de Galicia, así como en el 48% de los consistorios de la comunidad. Así, A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol y Pontevedra cuentan con mayoría de CSIF en la representación de su personal. Esta tónica se sigue también en gran parte de los 25 concellos más grandes de Galicia, en los que CSIF obtuvo más representantes que otras opciones sindicales. Son Ribeira, Carballo, Arteixo, Sarria, Vilalba, Monforte de Lemos, Verín, Xinzo de Limia, O Barco de Valdeorras, Marín, Cangas y Vilagarcía de Arousa, a los que hay que sumar las ciudades. CSIF fue la opción más escogida en los últimos cuatro años en 150 de los 313 concellos de Galicia y alcanzó representación en más de 275 consistorios.

La central, que renovó su comité ejecutivo en este mes de diciembre, se marca para el próximo mandato seguir creciendo en representación en las administraciones públicas de Galicia, al tiempo que incrementa su presencia en el sector privado. Entre los retos marcados, están señalados como prioritarios recuperar la capacidad salarial de los empleados de la función pública que se perdió desde 2010 y avanzar en medidas como la jornada laboral de 35 horas, la movilidad administrativa y el teletrabajo, la jubilación voluntaria a los 60 años o la realización de concursos de traslado anuales, entre otros objetivos.