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Galicia corre el riesgo de ser la única comunidad autónoma en la que sus empleados públicos se queden al margen de la recuperación salarial y de derechos incluidos en el II Plan de Estabilidad de Empleo en los Servicios Públicos firmado por CSIF, CCOO y UGT con el Gobierno de Mariano Rajoy al sabotear la Xunta su trasposición a Galicia.
De este acuerdo, el Gobierno de Feijóo se niega en redondo a rebajar la jornada a 35 horas, que ya aplican Andalucía y Extremadura, y a permitir la conciliación familiar con jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años y discapacitados. Y la más importante cuestión en materia de derechos laborales que se mostró abierta a negociar, eliminar los descuentos en la nómina con la que se penaliza a los empleados públicos en caso de enfermedad, la acaba de sabotear al hacer depender este acuerdo marco, que beneficiaría a la totalidad de los 87.000 trabajadores de la Xunta, a que los sindicatos validen un nefasto sistema de carrera profesional que afectaría solo a 7.600 funcionarios, los de la Administración Xeral de la Xunta (los que dependen directamente de la Consellería de Facenda). Es decir, intenta chantajear a los sindicatos para que acepten un acuerdo sectorial, no incluido en el Plan de Mejora del Empleo Público, a cambio de recuperar parte de los derechos laborales suspendidos durante la crisis.
La Xunta, conocedora de que este Sistema de Carrera Profesional no será aceptado ni por CSIF ni por el resto de sindicatos por ser lesivo para los intereses de los funcionarios de la Administración Xeral y por dejar fuera al personal laboral, anula así la posibilidad real de negociar la más importante cláusula de mejora incluida en el Plan de Mejora del Empleo Público a la que ya se había comprometido: la eliminación de la penalización económica por incapacidad temporal.
Fraude de negociación
Para CSIF, esta actitud no es solo un chantaje a todos los empleados públicos, sino un premeditado fraude de la negociación. Negociación que, además, la Xunta consciente de su desfachatez, ha intentado cerrar en pleno mes de agosto, mes prácticamente inhábil en la Administración, evitando que los sindicatos, como solicitaba CSIF, diesen participación y pudiesen recabar la opinión de trabajadores y afiliados.
CSIF recuerda a la Administración que, en los sectores de Sanidad, Educación y Justicia, los acuerdos sectoriales fueron abordados al margen del Acuerdo general de Mejora del Empleo Público y firmados en las correspondientes Mesas Sectoriales de Negociación, tal y como debería de hacerse ahora con el Sistema de Carrera Profesional de la Administración General. Pero estos acuerdos sectoriales ya firmados, en los que las mejoras salariales se financian de acuerdo con los fondos adicionales contemplados en el Plan de Mejora del Empleo Público, que en Galicia asciende al 0,3%, corren el riesgo de quedar sin efecto ya que de no aprobarse el acuerdo general podrían no ser de aplicación.
Ante esta situación, CSIF reclama a la Xunta una negociación por separado y respeto por los empleados públicos, ya que si fue la primera CC.AA en recortar condiciones salariales y derechos con la excusa de la crisis y las imposiciones del Gobierno Central, ahora debe ser de las primeras (pionera ya no porque se le están adelantando otras comunidades) en la recuperación de estas condiciones y derechos una vez que ya no existen excusas.
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