Un informe de CSIF indica que la Xunta incumple su propia ley para mantener la precariedad de los empleados públicos
Un estudio económico avala la petición de CSIF de recuperar los acuerdos retributivos suspendidos en 2010 y de derogar la ley que precariza las condiciones laborales desde 2012.
22 de Noviembre de 2017
  • Según el informe, buena marcha de los indicadores económicos anula las “causas graves de interés público” argumentadas por la Xunta para mermar derechos y salarios.
  • CSIF eleva la petición a la Xunta y a los grupos parlamentarios y recuerda que afecta a derechos sensibles como prestaciones por incapacidad laboral, días de descanso y acción social.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Galicia, reclama al Gobierno gallego que derogue en los Presupuestos de 2018 la Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, y que recupere los pactos y acuerdos retributivos suspendidos desde 2010, decisiones adoptadas con la crisis económica y conllevaron la precarización de las condiciones salariales y laborales de los cerca de 87.000 empleados públicos de la Xunta de Galicia y, por lo tanto, una rebaja de la calidad de los servicios públicos, así como la voladura controlada de la negociación colectiva en la Administración autonómica.

CSIF ha presentado esta petición tanto al Presidente de la Xunta como a todos los grupos parlamentarios, reclamación que acompaña de un estudio económico que avala que ya no concurren causas graves de interés público que justifiquen el mantenimiento de estas medidas, aprobadas en plena crisis, al haber evolucionado de manera positiva los indicadores económicos de Galicia y de la Administración Autonómica.

El sindicato recuerda que en 2010 la Xunta suspendió pactos y acuerdos ya firmados que suponían incrementos retributivos de los empleados públicos acogiéndose al artículo 38.10 de la EBEP y alegando una “alteración sustancial de las circunstancias económicas”, y que dio luz verde, con el mismo argumento, a la Lei 1/2012. Esta ley nació para aplicar “medidas extraordinarias, urxentes e de carácter temporal y revisables a los dos años”, pero seis años después de su puesta en marcha permanece en vigor, afectando a temas tan sensibles como las prestaciones por incapacidad laboral, días de descanso y el fondo de acción social, entre otros. Estos derechos perdidos fueron ganados en su día por los empleados públicos a cambio de aceptar una congelación salarial en épocas no de crisis, sino de bonanza económica.

Estudio Económico

El informe presentado por CSIF analiza la evolución del Produto Interior Bruto real de Galicia y del Ahorro Primario de los presupuestos, que son las variables que contempla la propia Lei 1/2012 para su revisión, prevista a los dos años y que no se ha producido hasta la fecha. En dicho estudio, el sindicato independiente destaca la evolución positiva de ambas magnitudes, llegando el PIB a una tasa de crecimiento del 3,4 en 2016, dos décimas más que la media nacional, mientras que la media anual de crecimiento entre 2012-2014 fue del 2,4%. Este año 2017 sigue la tendencia de los anteriores, con una tasas de variación interanual del 3.1% en el primer trimestre del del 3,2% en el segundo.

En cuanto al Ahorro Primario, es decir, la diferencia entre lo que ingresa la Comunidad y lo que gasta sin tener en cuenta el coste de la deuda pública, pasó de los 135 millones en 2012 a 512 en 2015 y a 719 millones en 2016, es decir, se multiplicó por seis cubriendo ampliamente los costes financieros.

Para CSIF, el Gobierno de la Xunta, antes de vanagloriarse de sus éxitos económicos, debería de devolver a sus empleados todo lo que aún les adeuda. Del mismo modo, considera que estos datos reflejan de manera nítida que ya no concurren causas graves de interés público que justifiquen el mantenimiento de estas medidas por lo que pide su derogación en los presupuestos de 2018.

  • Consultad aquí ➡ el informe de CSIF (Sustentando tanto en datos del INE, del Consello de Contas de Galicia, como de la propia Consellería de Facenda.)

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