CSI-F lamenta que comiencen las oposiciones de la Xunta sin unas mínimas instrucciones que eviten su arbitrariedad actual y la indefensión de los opositores
30 de Mayo de 2016

La central destaca el desinterés de Función Pública por unos procesos selectivos objetivos y limpios pese a unirse a estas reclamaciones el PSdeG y Grupo Mixto

Todos los sindicatos exigen que se retomen las negociaciones, paralizadas tras hacer públicas CSI-F las sentencias del TS y TSXG alertando de la arbitrariedad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) lamenta que den comienzo hoy las oposiciones de la Xunta sin que Función Pública haya cumplido su compromiso de establecer unas instrucciones que eviten la arbitrariedad existente en los tribunales de selección, como ha quedado patente en numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del TSXG, lo que deja en una total indefensión a los miles de opositores que se presentan.

Para el sindicato independiente, es evidente que la Xunta no tiene ningún interés en que los procesos selectivos se desarrollen con transparencia y con total objetividad ya que después de transcurridos seis años de las primeras negociaciones y de que estas se volviesen a retomar recientemente por insistencia de los sindicatos, se volvieron a paralizar tras hacer públicas CSI-F varias sentencias en donde se alertaba de una total falta de control y de arbitrariedad en los Tribunales de las Oposiciones, mismo en vía jurisdiccional.

La central sindical destaca los oídos sordos de la Xunta no solo ante las denuncias de este sindicato, que reclamó, entre otras vías garantistas de los procesos selectivos, la creación de la figura del ‘observador de la legalidad’, sino también del PSdeG y del Grupo Mixto, que se hicieron eco de las denuncias y de la propuesta de CSI-F en el Parlamento. Además, se han sumado a la exigencia de esta figura el resto de centrales sindicales, UGT, CCOO y CIG.

El “observador de la legalidad”, implantado ya en otras Administraciones Públicas, sería nombrado por las organizaciones sindicales más representativas en la Función Pública y, aunque no formaría parte de los tribunales de selección, participaría con voz y sin voto en el tipo de pruebas y, sobre todo, en el control de la evaluación.

CSI-F destaca que las sentencias del Tribunal Supremo y del TSXG no son casos aislados, por lo que urge articular mecanismos que eviten sospechas de falta objetividad, transparencia y limpieza y, sobre todo, que garanticen la imparcialidad y eviten la indefensión de los opositores. Estas mínimas garantías, que fueron reclamadas por todas las fuerzas sindicales recientemente exigiendo que se retomen las negociaciones, deberían incluir, además de la figura del observador de la legalidad:

  • La expresión del material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.
  • La consignación de los criterios de valoración cualitativa que se utilizará para emitir el juicio técnico.
  • La expresión del porqué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga a preferencia de un candidato frente a los demás.

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