Aprobada la ley que impone la movilidad forzosa de los empleados de la Xunta.
La nueva ley externaliza competencias propias de los funcionarios en beneficio de empresas privadas, promoviendo el capitalismo de “amiguetes”.

La movilidad forzosa.
26 de Febrero de 2021

El pasado 27 de enero, CSIF denunciaba la pretensión del Partido Popular de Galicia de imponer movilidad forzosa a través de una proposición de Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica. Y ello a espaldas de los trabajadores e incumpliendo la obligatoria negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa Xeral.

Pues bien, el 23 de febrero el grupo parlamentario popular apoyaba en solitario dicha proposición de ley. Ley que, una vez publicada, facultará a los secretarios generales técnicos de cada Consellería para cambiar de puesto a los trabajadores a su antojo, así como para establecer un sistema arbitrario y clientelar de cobro de productividad y gratificaciones extraordinarias.

Como hemos dicho, de todo esto ya dimos cuenta en un artículo publicado en la web de CSIF Galicia el pasado 27 de enero.

Pero los populares gallegos, no contentos con ello, van más allá y al amparo de una supuesta simplificación administrativa y reactivación económica, introducen en la misma norma un vaciamiento de las competencias propias de los funcionarios, asignándoselas a empresas privadas.

La externalización de las competencias de los funcionarios y el fomento del capitalismo de amiguetes.

La Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica contempla la creación de “Entidades de colaboración ambiental”. Es decir, empresas privadas a las que la Xunta les otorga, entre otras, funciones de:

  • Verificación de la conformidad a la normativa aplicable de los planes, programas y proyectos que se vayan a someter a evaluación de impacto ambiental.
  • Tramitación de procedimientos de evaluación ambiental.
  • Seguimiento de los pronunciamientos de evaluación ambiental.
  • Funciones de inspección ambiental.
  • Emisión de certificados, actas e informes.

Dicho de otro modo, gran parte de las funciones que la actual Ley de empleo público de Galicia atribuye exclusivamente al personal funcionario van a ser adjudicadas a empresas privadas. Empresas que se crearán ad hoc para realizar las funciones que actualmente ya están siendo desempeñadas por funcionarios públicos.

Pero el traspaso de competencias exclusivas de los funcionarios a empresas privadas no resultaba suficiente para los parlamentarios populares.

La nueva ley prevé también que las funciones de asesoramiento para que una iniciativa empresarial pueda optar a la declaración de proyecto industrial estratégico o iniciativa prioritaria puedan ser realizadas igualmente por empresas privadas. Eso sí, a través de convenios o contratos remunerados con dinero público.

Es decir, funciones que, por definición, son propias del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) van a ser a partir de ahora desempeñadas por entidades ajenas a la Administración. Empresas que, sin lugar a duda, van a ser las grandes beneficiarias de la llamada reactivación económica.

El papel de los sindicatos de clase: Corrupciones Obreras y la Unión General sin Trabajadores.

Todas las medidas contempladas en esta nueva ley fueron tratadas en el seno del Diálogo Social. Diálogo en el que, junto con la Xunta y empresarios, sólo participan los sindicatos de clase Corrupciones Obreras y la Unión General sin Trabajadores.

Un foro, este del Diálogo Social, que no es más que un instrumento de perversión de la democracia por el cual el gobierno, la parte empresarial y los sindicatos CCOO y UGT adoptan acuerdos en base a conveniencias sectarias. Haciéndolo no sólo al margen, sino que impidiendo la participación de los trabajadores.

Un foro en donde la Xunta compra la aquiescencia de los demás participantes en la toma de sus decisiones más “delicadas” a cambio de una jugosa compensación económica de 400.000€ anuales.

El conflicto de normas y la derogación de la Ley de empleo público de Galicia.

Para evitar cualquier tipo de colisión o interpretación entre lo que establece la Ley de empleo público de Galicia en materia de movilidad forzosa y de competencias exclusivas de los funcionarios, la nueva ley incluye una disposición derogatoria de carácter general.

Así, la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica deroga expresamente cuantas disposiciones de igual o inferior o rango se opongan a los dispuesto en ella. Es decir, lo contenido en esta ley prevalecerá sobre lo dispuesto en la Ley de empleo público de Galicia.

Conclusión.

Lamentablemente, todo indica que uno de los principales objetivos perseguidos con la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica es el de la conversión de los servicios públicos en beneficios privados.

Y así ya lo advierte con toda franqueza la propia exposición de motivos de la nueva ley cuando afirma que “Toda crise supón una oportunidade…” Pero unha oportunidade só para uns poucos.