INSTRUCCIÓN SOBRE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE MENORES
22 de Marzo de 2016
INSTRUCCIÓN SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

La Consejería de Educación ha remitido a los Centros Educativos la Instrucción 1/2016, de 14 de marzo, conjunta de la Secretaría General y de la Secretaría General de Educación, sobre aplicación del artículo 13,5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la que se detalla el procedimiento de actuación para los Empleados Públicos pertenecientes a la Consejería de Educación y Empleo.

Según esta Instrucción, todo el Personal que actualmente presta servicios en los centros educativos, o los que se encuentren en situaciones asimiladas a la de servicio activo tendrá, hasta el 30 de Abril, para tramitar la solicitud de Certificación Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en los procedimientos establecidos:

- Autorizando a la Consejería de Educación y Empleo: Cumplimentar la autorización en el modelo que figura en el Anexo de la Instrucción, y entregarla firmada, según el caso, al Director/a de su Centro, a la Delegación Provincial o en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Empleo.

- Solicitud por interesado: Acreditar antes del 30 de abril, ante la Delegación Provincial o Servicios Centrales de la Consejería, que se ha solicitado por los medios indicados en la Instrucción.

Desde CSIF hemos hecho saber a la Administración nuestro rechazo a que, como viene siendo habitual, cada Consejería campe a sus anchas y, medidas que afectan a trabajadores de distintos ámbitos, se tomen de manera arbitraria por las distintas Secretarías.

CSIF ha exigido a la D.G. de Función Pública que tome las medidas oportunas para que esto no se vuelva a repetir, y retome este tema para que no se produzcan contradicciones como en este caso en el que, dependiendo del centro directivo al que se pertenezca, se esté obligado o no a solicitar la Certificación Negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Hay que tener en cuenta, además, que la propia Instrucción remite al Consejo de Gobierno o a la propia Consejería de Hacienda y Administración Pública, como Órganos Superiores competentes en materia de Función Púbica, en los casos de Certificación Positiva, por lo que no podemos entender que la Consejería de Educación dicte la norma sin tener en cuenta a estos Órganos Superiores.

Además, esta Instrucción no ha sido negociada con las Centrales Sindicales, habiéndose entregado deprisa y corriendo un borrador al que solamente hemos podido hacer ciertas apreciaciones.

Desde CSIF, sin poner en duda la necesidad de esta medida para poder cumplir con los requerimientos del art. 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, hemos hecho llegar a la Administración, entre otras, las siguientes consideraciones:

  • Su regulación debería haber pasado por Mesa de Negociación.
  • La norma debe regular, de igual forma, a todos los Empleados Públicos de la Junta de Extremadura.
  • El rango de la norma (Instrucción) es claramente insuficiente para regular esta cuestión con plenas garantías jurídicas.
  • Hay que regular las actuaciones a llevar a cabo en caso de certificación positiva.
  • Nos preocupa el nivel de protección de los datos facilitados por el Registro Central de Delitos Sexuales.