CSIF solicita la apertura de la Mesa General de Negociación de todas las Administraciones Públicas para la aplicación del acuerdo de Montoro en Extremadura
11 de Marzo de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en Administración pública en Extremadura, registrará, mañana lunes, en la Presidencia de la Junta, en las Diputaciones Provinciales, en todos los Ayuntamientos y en la Universidad, un escrito solicitando la convocatoria urgente de la mesa general de negociación para que se aplique a los empleados públicos que trabajan en la región el acuerdo firmado con el Gobierno central el pasado viernes.

CSIF en el escrito indica la necesidad de abrir cuanto antes las negociaciones para que se pueda desarrollar, en su totalidad, un acuerdo que, entre otras medidas contempla la creación de empleo, una mejora de salarios, elimina los descuentos por baja médica y regula la jornada de 35 horas semanales además de las 18 horas lectivas para los docentes. Cabe recordar que esta reivindicación de CSIF fue apoyada en la región por más de 8000 firmas de empleados públicos que registramos hace unos meses para la vuelta a este horario.

En este sentido, CSIF quiere poner el énfasis en una cuestión que nos preocupa, como es la alta tasa de temporalidad en la administración autonómica, y que en plantillas orgánicas alcanza una media del 21 por ciento, que supera el 32 por ciento en algunos sectores básicos y esenciales, como la Sanidad, la Educación y los centros de atención a personas mayores y dependientes. Además, según un estudio de CSIF, el número de plazas a cubrir en el conjunto de todas las administraciones públicas en la Extremadura es de 11.000.

Por último, señalar que desde CSIF mostramos nuestra satisfacción con el incremento salarial acordado para los próximos tres años pero no es suficiente. Montoro, ha olvidado en su propuesta un elemento esencial, el del contexto de la negociación, que ésta tiene como punto de partida una pérdida de poder adquisitivo en torno a un 20 por ciento, de tal forma, que los empleados públicos cobran por su trabajo menos que hace diez años.

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