CSIF exige a la Junta la certeza de incluir la subida del 0,9% del sueldo de empleados públicos en los PGEx más el carácter retroactivo del 2%
30 de Noviembre de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura, rechaza las declaraciones de la secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo, en la Asamblea, en las que califica de “posible" la subida del 0,9 por ciento del sueldo de los empleados públicos que está prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.

Así, CSIF exige a la titular del departamento de Murillo, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco -Morales, que incluya, de manera cierta y no posible, la subida salarial del 0,9 por ciento y que haga lo propio con la totalidad del incremento del 2%, con carácter retroactivo y aplicando a todos los complementos.

La Vicepresidenta debe velar por el cumplimento de los acuerdos alcanzados con las centrales sindicales con representación en la Mesa General de Empleados Públicos y garantizar la subida salarial pactada de un 2% para los 48.000 empleados púbicos de su ámbito.

CSIF no se conforma con haber conseguido que el Ejecutivo autonómico abone, de momento y de forma parcial, el 2% lo en las retribuciones básicas y el complemento de destino. Es más, el sindicato está ultimando una demanda judicial para que se paguen los antes posible las cantidades correspondientes al resto de haberes y con carácter retroactivo a enero de 2020.

No obstante, CSIF mantiene su voluntad de diálogo para llegar a acuerdos, fuera de la vía judicial, para actualizar las retribuciones de los trabajadores públicos porque estamos convencidos de que no es asumible un recorte de derechos de los empleados/as públicos del ámbito de la Junta de Extremadura.

Ahora más que nunca hay que recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y sigue sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.

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