CSIF exige a la Junta que cumpla sus compromisos con los empleados públicos incluyendo la subida salarial de 2% en la nómina de julio
El sindicato, tras escuchar la comparecencia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la Asamblea, le solicita concreción en la fecha de pago.
09 de Julio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), exige a la Junta de Extremadura que cumpla sus compromisos con los 48.000 empleados públicos de su ámbito e incluya la subida salarial del 2% en la nómina del mes de julio porque no es asumible un recorte de derechos una vez que se aprobó en Consejo de Ministros.

El sindicato, tras escuchar la comparecencia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la Asamblea de Extremadura para informar sobre los acuerdos alcanzados en 2018 para recuperar los derechos de los empleados públicos, le solicita concreción en la fecha de pago de este incremento salarial.

En este sentido, CSIF mantiene su voluntad de diálogo, como ha hecho siempre, pero consideramos que es el momento de los hechos y no de las palabras para no forzar al sindicato a continuar con los actos de protesta como única vía de solución para que se abone este concepto. Extremadura es la única comunidad autónoma en la que aún no se ha hecho efectivo este 2% además de en algunos ayuntamientos de la región que tampoco lo han abonado.

Un incremento que debe hacerse con efecto retroactivo al 1 de enero y que no puede volver a retrasarse en un momento en el que los empleados públicos han soportado una gran carga de trabajo a causa del Covid-19. Es inaceptable que el premio de la Administración a su esfuerzo sea nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales.

CSIF considera que los acuerdos se firman para cumplirse y éste en particular se pactó en el marco de la Mesa General de Negociación del pasado 4 de marzo, celebrada en Mérida, para dar cumplimiento al decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno Central el 21 de enero en el que se acordaba esta medida.

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