COMENZAMOS A RECUPERAR DERECHOS
31 de Julio de 2015

En Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, CSI-F consigue que el Gobierno empiece a compensar a los Empleados Públicos en la recta final de la legislatura. Lo más destacable es lo siguiente:

REAPERTURA DEL DIALOGO SOCIAL: El Ministro de Hacienda se ha comprometido a la reapertura del diálogo social, de tal manera que durante el trámite parlamentario podrían incluirse mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna. CSIF también promoverá que se incluya un fondo adicional para los colectivos más desfavorecidos.

PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012: Devolución de un 25% este año 2015 y el resto que faltaba, 50% en el 2016. Señalar que para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dependerá igual que el 25% que ya hemos cobrado de la disponibilidad presupuestaria.

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: Recuperación del último ‘móscoso’ que quedaba pendiente y hasta tres días adicionales de libre disposición por antigüedad.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: CSIFha logrado que el Gobierno incluya en los presupuestos del próximo año una tasa de reposición del 100% para los servicios esenciales y del 50% para el resto. Además, por primera vez, entre los servicios esenciales se incluirán Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales de las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal.

SUBIDA SALARIAL: El Gobierno pondrá fin en 2016 a cinco años de congelaciones salariales con un “exiguo” incremento del 1% en la nómina que, si bien, va en la buena dirección, no compensa la pérdida del poder adquisitivo superior al 25% que han acumulado los empleados públicos durante los años de crisis.

CSIF espera que estas medidas tengan continuidad y se recupere la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones al inicio de la crisis económica. Además, se debe realizar un análisis de las plantillas y blindar los servicios esenciales para que no vuelva a ponerse en peligro el carácter público y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos.

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