El “chollo” de la Xunta de Galicia: una Administración de Justicia “Low Cost”
CSIF promueve el apoyo y solidaridad de todas las Juntas de Personal al conflicto existente en Galicia
21 de Febrero de 2018

Desde el pasado 7 de febrero, los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia se encuentran en huelga indefinida en defensa de sus derechos laborales. Estamos ante un conflicto laboral sin precedentes en Galicia que, para CSIF, ha sido provocado por la soberbia casi insultante de los gobernantes de la Xunta que han encontrado en la transferencia de la justicia una fuente de financiación para tapar otros “agujeros” originados por su mala gestión política.

El 1 de enero de 1997 la Xunta de Galicia asumió el traspaso de gestión en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. En virtud de ese traspaso de gestión, el Gobierno central transfiere año tras año una cantidad que equivale prácticamente al 100% de las retribuciones de los funcionarios de justicia destinados en Galicia.

Además de lo anterior, el Gobierno central, transfirió por una sola vez y sin integrarse en el coste efectivo de los servicios, otras cantidades en distintos años a la Xunta de Galicia para acondicionamiento de inmuebles y puesta en marcha de órganos de nueva creación.

Conforme a la LOPJ, la Xunta, con respecto al personal de la Administración de Justicia, sólo tiene competencia en materia retributiva sobre el “complemento específico” del personal de la Administración de Justicia destinado en Galicia. Actualmente, pendiente como está la implantación de la oficina fiscal y judicial en Galicia, este complemento se le conoce como “complemento autonómico transitorio”. La cantidad asignada a dicho complemento, a fecha de hoy, es de 435,78 €/mes. Ello supone que los funcionarios de la Administración de Justicia le suponen a la Xunta de Galicia un coste de media mensual entre 25 y 100 €/mes ya que el resto de las retribuciones están financiadas por el Gobierno central.

Las diferencias retributivas de los funcionarios de Justicia gallegos respecto de sus compañeros de los mismos Cuerpos nacionales destinados en otras CCAA con competencias en Justicia son del orden de 300 euros al mes por funcionario por realizar las mismas funciones, tener las mismas responsabilidades y desempeñar el mismo puesto de trabajo. Es decir, la Xunta mantiene una Justicia “low cost” en Galicia a costa de sus funcionarios.

No contentos con ello, la Xunta es la campeona de los recortes retributivos que han abaratado aún más la prestación del servicio público de la Administración de Justicia en Galicia. Los funcionarios de la Administración de Justicia gallegos, por decisión de la Xunta, han dejado de percibir este complemento autonómico (435,78 €) en las nóminas de junio y diciembre en el periodo 2013-2016, y un recorte en el mismo en el resto de mensualidad de 20 € de media, lo que supone un recorte anual aproximado de 1.100 € y un total de 4.400 €.

En definitiva, para CSIF todos los argumentos que el gobierno de la Xunta de Galicia ha venido utilizando en estos últimos días para no dar una solución al conflicto en la Administración de Justicia quedan en evidencia a la luz de los datos aportados por CSIF.

CSIF, como miembro del Comité de Huelga y sindicato mayoritario en la Administración de Justicia con representación en todas las Juntas de Personal, considera más que justas las reivindicaciones laborales y retributivas de los compañeros de la Administración de Justicia de Galicia y por ello instará a las Juntas de Personal de todos los ámbitos territoriales (CCAA y territorio Ministerio) para que, en una convocatoria extraordinaria, muestren su apoyo y solidaridad al conflicto existente en Galicia.

CSIF exige a la Xunta de Galicia que reconozca de una vez por todas la profesionalidad, el trabajo y la dedicación de los funcionarios de justicia gallegos. Son estos funcionarios los que han logrado situar a la Comunidad autónoma de Galicia por debajo de la media nacional de pendencia de asuntos judiciales. Es hora de que la Xunta muestre voluntad de negociación y de llegar a un acuerdo justo que ponga fin al conflicto.

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