Visión jurisprudencial del riesgo de atraco
15 de Marzo de 2011

La violencia externa o de terceros se considera un riesgo laboral emergente por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT remarca que las situaciones de violencia física externa en el trabajo afectan a un 3,8% de los trabajadores.



Por otra parte, la doctrina de recientes sentencias judiciales del Tribunal Supremo establece con claridad que la violencia externa que sufren los trabajadores con motivo de su actividad laboral implica un riesgo laboral y, en consecuencia, la responsabilidad del empresario en la prevención de la violencia física ejercida contra sus trabajadores en el lugar de trabajo.

En ese sentido, se pueden citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2007 sobre las agresiones sufridas por la trabajadora de un Ayuntamiento, y sobre todo la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2008, que confirmaba la de 12 de marzo de 2007 de la Audiencia Nacional, en las que se declara como riesgo laboral los que sufren los empleados de Cajas de Ahorro como consecuencia de los atracos a las mismas y la obligación de las empresas de tener en cuenta el riesgo de atraco en las evaluaciones que deben realizar en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Sentencia del TS de 20 de septiembre de 2007

La STS de 20 de septiembre de 2007 señala en sus fundamentos jurídicos que «el Ayuntamiento demandado omitió la debida evaluación de riesgos y la correlativa implantación de medios para proteger a la trabajadora. Con ello resulta claro que la empresa incumplió el deber de seguridad que le impone el artículo 14.2 LPRL y desconoció algunas específicas obligaciones de la propia normativa, como pudieran ser las establecidas en los artículos 16 (evaluación de riesgos), 21 (existencia de riesgos graves e inminentes) y 43 (desatención a requerimientos de la Inspección de Trabajo). Y esa pasividad o escasa diligencia empresarial correlativamente vulneró no solo el derecho -de naturaleza laboral ordinaria- del trabajador a "su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene" [artículo 4.2.d) ET] y a "una protección eficaz en materia de seguridad", higiene y salud en el trabajo (artículos 19 ET y 14.1 LPRL), sino también su fundamental derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE) y a la salud (artículo 43 CE), que no han sido salvaguardados por el empresario, cuya diligencia como deudor de seguridad para amplio sector doctrinal no se agota con el incumplimiento de las prevenciones legales en la materia, sino que se requiere la prueba cumplida de la diligencia necesaria para evitar el resultado dañoso. (...) Esa normativa protectora que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales representa es desarrollo de la tutela propia del derecho fundamental a la integridad física de la trabajadora».

Sentencia del TS de 17 de junio de 2008

Por otro lado, la STS de 17 de junio de 2008 incluye entre sus fundamentos jurídicos que «el riesgo de atraco es un riesgo laboral porque se sufre por los trabajadores con ocasión del trabajo, y supone la posibilidad de que los mismos sufran un determinado daño, que pueden ser enfermedades, patologías o lesiones (artículo 4 ap. 3 LPRL). [...] El carácter inevitable del atraco no desvirtúa su consideración de riesgo laboral, ya que los principios de la acción preventiva contenidos en el artículo 15 de la LPRL ya contemplan la posibilidad de que los riesgos laborales no se puedan evitar, y en ese caso prescribe que dichos riesgos deberán evaluarse».

Las conclusiones que deben extraerse de esta sentencia son las siguientes:

1. Que el riesgo de atraco en cuanto que se trata de un riesgo laboral debe ser evaluado.

2. Que la normativa sobre prevención de riesgos laborales no agota su contenido en la Ley 31/1995, LPRL, sino que tal y como dispone su artículo 1, está constituida por dicha ley, sus disposiciones de desarrollo y complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito, lo que implica que habrán de aplicarse, en la medida en que resulte de aplicación, con el carácter de normativa de prevención de riesgos laborales, el Reglamento de Seguridad Privada, Real Decreto 2364/1994 y la Orden de 23 de abril de 1997, de desarrollo del mismo.

3. Que la adopción por Bancos y Cajas de Ahorro de las medidas de seguridad para prevenir los atracos que establecen los Reglamentos de Seguridad no excluye la posibilidad de que dichas empresas, al realizar la evaluación de riesgos laborales contemplen el atraco como un riesgo laboral y sea tenido en cuenta en el Plan de Prevención y en el Plan de Emergencia, impartiendo a los trabajadores los oportunos cursos de formación y facilitando a los representantes legales y sindicales, así como a los delegados de prevención, la información prevista en la normativa de prevención de riesgos laborales.

4. Que el control y la supervisión de las medidas de seguridad contenidas en el Real Decreto 2364/1994 corresponde a las autoridades del Ministerio de Interior (artículo 137), pero eso no impide que la Inspección de Trabajo actúe en otros aspectos de la prevención de los riesgos derivados de los atracos.

Obligaciones del empresario

De acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, el empresario está obligado, de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 14.2 LPRL, a realizar, en el marco de sus responsabilidades, la prevención de los riesgos laborales derivados de la violencia física externa mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en la citada Ley en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios.

Límite de la responsabilidad empresarial

El límite a las obligaciones del empresario en materia de violencia física externa viene determinado por sus potestades de dirección de las relaciones laborales. El empresario no puede actuar fuera de los límites de esta potestad y deberá comunicar, en su caso, a las autoridades policiales todo cuanto transcienda de dichos límites y afecte a la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio.

Aplicación práctica del artículo 14 de la LPRL

En la práctica, hay ciertos procesos, situaciones e interacciones inherentes al trabajo que exponen a los trabajadores al riesgo de sufrir violencia externa en el lugar de trabajo como por ejemplo, trabajar con dinero, objetos valiosos o fármacos, llevar a cabo tareas de control y vigilancia, ofrecer servicios, asistencia, consejo o educación (personal sanitario, trabajadores sociales, profesores y transporte público), trabajar con personas enfermas, inestables o agresivas (personal servicios sociales, centros penitenciarios) o trabajar en lugares donde se sirva alcohol (personal de hostelería). En todos estos casos (y muchos otros), se plantea el problema de la aplicación práctica de las obligaciones generales que establece la LPRL y normativa de desarrollo para todos los riesgos laborales, también para los denominados riesgos psicosociales que son los que se derivan de la organización del trabajo y el entorno social en el que se desarrollan las actividades laborales.

En lo que concierne a la aplicación de la LPRL, hay que diferenciar entre la violencia externa que proviene de los usuarios de los servicios o de las personas cuya presencia en el centro de trabajo es legítima (como son los clientes de un comercio, los pasajeros de un servicio de transporte público, los pacientes de un hospital, los escolares de un centro de enseñanza o los familiares de ambos), de la violencia externa que proviene de individuos que realizan una actividad ilegítima o incluso delictiva como sucede en el supuesto de los «atracos», que normalmente suceden cuando el trabajador opera con dinero, objetos valiosos o fármacos.

En los primeros supuestos no existe una normativa legal específica que regule estas situaciones, sin olvidar que dichas conductas pueden tener tipificación en el Código Penal, aunque sí puede haber normas o reglamentos internos establecidos por los centros comerciales, empresas de transportes, centros hospitalarios y educativos que contemplen estas situaciones y traten de canalizar las denuncias y demandas de los usuarios. En estos casos, y en virtud de lo dispuesto en el reciente Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo (Criterio 87/2011), el Inspector, deberá aplicar las disposiciones generales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales previstas en los artículos 14 a 20 de la citada norma legal.

Pero en el supuesto de los atracos a los centros de trabajo se da la circunstancia de que concurre la normativa de prevención de riesgos laborales con la relativa a seguridad ciudadana, en la que se establecen como obligatorias ciertas medidas preventivas ante el riesgo de atracos y se determina la competencia de las autoridades de Interior para controlar y vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones. Esta situación exige delimitar claramente las competencias de los órganos del Ministerio del interior y de la Inspección de Trabajo, así como las cuestiones relativas a la aplicación de dicha normativa, que no tiene la consideración de norma de prevención de riesgos laborales, pero tiene incidencia en las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores y no solo de los usuarios de sus empresas o de los establecimientos en los que trabajan.

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