Reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración por deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales
15 de Marzo de 2011

En la presente Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo se declara la inexistencia del necesario nexo causal entre la actividad imputada a la Administración (deficiencias en la prevención de riesgos laborales) y el daño cuya reparación pretende el funcionario demandante.



ANTECEDENTES

En junio de 1997 se nombró funcionario al ahora recurrente. En agosto de 1997 inició tratamiento psicológico como consecuencia de un cuadro ansioso-depresivo por falta de adaptación laboral debida a deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo. Durante los tres años siguientes causó baja en varias ocasiones hasta que en septiembre de 2000, a propuesta del propio INSALUD, se inició procedimiento para que le fuera reconocida incapacidad permanente total.

El recurrente sostiene que las causas de su enfermedad fueron los errores de diseño ergonómico y las deficiencias higiénicas y de salud laboral existentes en su puesto de trabajo, así como la desatención de la propia Administración de su estado y características físicas y psíquicas, al hacer caso omiso a las recomendaciones médicas que aconsejaban que se le cambiara de puesto de trabajo.

Por sentencia de 22 de junio de 2001 se le reconoció la incapacidad total al quedar probado que el actor padecía hiperamilasemia idiopática, síndrome ansioso-depresivo y estrés por desadaptación al puesto de trabajo.

ALEGACIONES DEL FUNCIONARIO

El actor entiende que se le ha ocasionado un importante perjuicio por la pérdida de su puesto de trabajo y la declaración de incapacidad permanente total, que han provocado a su vez una notable disminución de sus percepciones económicas, así como la pérdida de su condición de funcionario público, aparte de importantes secuelas psíquicas que le han supuesto el reconocimiento del grado de minusvalía. Y todo ello se debe a la mala actuación de la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, en concreto obligaciones generales, ergonomía, higiene y vigilancia de la salud.

FALLO DE LA SALA DE INSTANCIA

Entiende la Sala de instancia que nada relevante se deduce de los informes que de manera directa hagan concluir que las posibles deficiencias han provocado por sí solas la enfermedad del recurrente. Es decir, que lo determinante es saber si el desempeño del puesto de trabajo, por sus malas condiciones, es la causa que provocó de manera directa el daño o lesión, y concluye que esto no ha sido suficientemente demostrado.

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN

El funcionario plantea recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando error en la valoración de la prueba y falta de motivación de la sentencia de instancia, además del incumplimiento por la Administración de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL

El Alto Tribunal afirma que queda probado que los incumplimientos de la Administración no son los causantes de la enfermedad del recurrente. Además, señala que las recomendaciones médicas sobre un posible cambio de puesto de trabajo han resultado imprecisas tanto en cuanto a los daños que el puesto de trabajo pudieran causar al recurrente, como en cuanto al tipo de trabajo éste pudiera desempeñar.

De todo lo expuesto se deduce que no cabe responsabilidad patrimonial de la Administración por la reducción del nivel retributivo del funcionario, ni por la pérdida de tal condición, ni por la imposibilidad de promoción interna, y ello porque se parte de la inexistencia del necesario nexo causal entre la actividad imputada a la Administración y el daño cuya reparación se pretende. Por lo tanto, la carencia de dicho requisito causal impide hablar de reparación y con ello de su valoración o determinación de la indemnización.

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