CSI·F denuncia que los funcionarios del SEPE y del FOGASA han sido excluidos del concurso de traslados
27 de Marzo de 2015

Dentro de su propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El sindicato independiente lo considera un caso insólito e inadmisible

El sindicato CSI-F denuncia que los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, ambos organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, están excluidos para poder participar en el macroconcurso que con fecha 25 de marzo de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.
CSI-F pone de manifiesto que tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como el Fondo de Garantía Salarial vienen sufriendo durante demasiados años esta exclusión en todos los concursos que se publican de los diversos ministerios, pero el colmo es que tampoco puedan optar a las plazas que salen a concurso ¡dentro de su propio Ministerio!, lo que es un caso insólito y por tanto inadmisible, en aras a una” racionalización y optimización de los recursos humanos disponibles y en un contexto de austeridad en materia de empleo público que hace especialmente necesario atender a criterios de eficiencia en la distribución del personal”, según reza en la propia convocatoria.
Dado que no se pone remedio por parte del Gobierno, y en particular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la situación de sobrecarga de trabajo en los referidos organismos públicos de dicho Ministerio, esta exclusión parece que se puede eternizar en el tiempo, lo que a juicio de CSI-F es un agravio comparativo el que están sufriendo estos empleados públicos, que además de ver cercenado su derecho a la movilidad, también contemplan cómo se quiebra el principio constitucional de igualdad, por lo que supone un castigo añadido a la situación que vienen soportando.
Desde CSI-F entendemos que no es de recibo recurrir sistemáticamente a una “coletilla” para impedir que los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial se vean “condenados” a permanecer sine die en sus puestos, sin posibilidad de ejercer su legítimo derecho a la movilidad e insta, tanto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que la cláusula de exclusión en los concursos de traslados tengan normativamente una limitación que en ningún caso pueda superar los dos años.