Sanidad desoye a los sindicatos y ratifica la amortización de 161 plazas de personal sanitario de Denia que en su día anuló el TSJ
18 de Febrero de 2016

Los hechos se remontan al año 2009 en que la Conselleria de Sanidad, sin ninguna obligación contractual que la justificara, decidió amortizar 161 plazas de personal estatutario del Departamento de Salud de Denia, cubiertas por personal interino, para que pasaran a ser plazas de personal laboral gestionadas directamente por la empresa concesionaria Marina Salud.

Las resoluciones de amortización fueron recurridas por el STSPV-Intersindical Valenciana por entender, que se había actuado sin la preceptiva negociación con las organizaciones sindicales, que establece el marco legal vigente. El recurso fue estimado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) en 2013 y ratificado en casación ante el Tribunal Supremo en 2014.

Llegados a este momento, la ejecución de la sentencia se vería satisfecha con la convocatoria de una Mesa Sectorial y el inicio de un proceso negociador con las organizaciones sindicales, sobre el futuro de las plazas afectadas por la amortización. El problema surge cuando la Conselleria pretende reducir al absurdo el proceso negociador y convertirlo en un mero formalismo, en el que se convoca la Mesa Sectorial y se ratifican la resolución de amortización sin dar opción a negociar el mas mínimo aspecto.

Esta situación se ha producido hoy cuando las organizaciones sindicales CCOO, CEMSATSE, CSIF, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT y UGT han planteado a la Consellería la anulación definitiva de las resoluciones de amortización de plazas y la reversión de las mismas al régimen público. Por parte de las organizaciones sindicales se ha argumentado que el rescate de estas plazas para la gestión pública ofrecía ventajas, por la mejora en la atención sanitaria de la población que supondría otorgar mayor peso a la aplicación de criterios asistenciales públicos y por la mejora sustancial en las condiciones laborales del personal que supone ocupar una plaza de naturaleza pública. Además, también se ha considerado que la reversión de estas plazas al sector público, constituía un paso significativo en la ejecución de la promesa electoral de la recuperación para la gestión pública de la sanidad privatizada, por la propia dimensión de los hechos y porque ofrecía a la opinión pública una imagen de coherencia entre el discurso y los hechos.

Frente a esta petición, la Consellería se ha limitado a proponer la ratificación de las resoluciones de amortización de las plazas; es decir, a dejar la cosas como las plantearon en su día los anteriores responsables políticos. Como fundamento de esta propuesta se ha esgrimido un informe jurídico en el que se argumenta que, “crear” 161 plazas nuevas contraviene el pliego de condiciones técnicas y administrativas de la concesión y que, por tanto, de llevarse a efecto, podría ser recurrido por Marina Salud ante los Tribunales y se le daría la razón.

Hasta aquí sería todo aparentemente correcto, si no fuera porque el informe jurídico parte de una premisa inicial errónea. Efectivamente, el pliego de condiciones de la concesión establece que la Consellería de compromete a no crear nuevas plazas en el ámbito de la concesión, pero en este caso no nos encontramos ante una “nueva creación de plazas”, puesto que estas plazas ya existían con posterioridad a la puesta en marcha de la privatización y nunca han dejado de existir, porque, como ha dejado claro la sentencia, se anula el acto administrativo de la amortización. Nunca ha tenido lugar.

Las organizaciones CCOO, CEMSATSE, CSIF, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT y UGT lamentamos que, en este caso, se reproduzcan prácticas negociadoras impositivas; una prácticas que ya creíamos superadas y relegadas a rincones ignotos de la memoria, pero lo que realmente nos preocupa profundamente es que, amparándose en unos argumentos de una fragilidad tan evidente como la propia determinación de la Consellería, ésta no tome la decisión de recuperar esas plazas para la gestión pública y pierda una clara oportunidad de mejorar las condiciones laborales del personal afectado, la calidad de la prestación asistencial que se ofrece al sufrido usuario y usuaria de la Marina Alta y de avanzar, con voluntad decidida, hacia la recuperación, paulatina y progresiva, de la sanidad pública.