CSIF exige que la reforma de la ley educativa se tramite con la participación del profesorado.
- CSIF ya criticó su puesta en marcha en febrero de 2019 por la falta de negociación.
- La crisis del COVID-19 y sus repercusiones económicas necesitan ahora más que nunca un Pacto de Estado.
05 de Mayo de 2020

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CSIF EXIGE QUE LA REFORMA DE LA LEY EDUCATIVA SE TRAMITE CON LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

El cierre de la actividad docente presencial debido a la pandemia ha mostrado las deficiencias que tiene nuestro Sistema Educativo en cuanto a medios tecnológicos. Al mismo tiempo, ha acentuado todavía más algo que siempre pasa de puntillas en toda Ley Educativa: que el profesorado es el pilar fundamental del Sistema Educativo. La labor de los docentes a base de esfuerzo, vocación y con sus propios medios, ha permitido continuar el curso escolar de manera ejemplar.

Pero la temida crisis económica derivada de las medidas de confinamiento ya es una realidad. El Gobierno ha enviado su informe a Bruselas en el que reconoce un recorte del PIB en lo que va de año del 9% y el Banco de España pronostica un 13% de pérdida a final de año. Aun mejorando estas previsiones, lo que está claro es que la economía española sufrirá un decrecimiento.

Todo este entorno nos sitúa ante un comienzo de curso escolar muy complejo, que precisa un serio debate y reflexión para asegurar que la educación siga funcionando y se implanten medidas que lleven a su mejora. Pero lejos de estar todas las administraciones educativas en esto, el Gobierno nos embarca en la tramitación de un proyecto de Ley para reformar la LOMCE. La puesta en marcha de una nueva Ley supone un gran trabajo y esfuerzo en todas las Comunidades Autónomas, centros docentes y profesorado.

CSIF además no entiende las prisas, puesto que en ningún caso se podría poner en marcha para el curso que viene y lo que podría entrar en vigor (por ejemplo, las pruebas finales) están suspendidas. Por tanto, hay tiempo para su tramitación durante todo el año 2020 y poner todo el empeño en negociar y pactar un mejor texto para mejorar nuestro Sistema Educativo.

Y es que si bien el texto que ahora se tramita es el mismo que se aprobó en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros para posteriormente convocar elecciones, no se ha discutido sobre el mismo durante este tiempo. Y aún más, el proyecto aprobado fue hecho de manera exprés. Recordemos: presentación del anteproyecto el 20 de noviembre de 2018, Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 10 de diciembre, Mesa Sectorial el 12 de diciembre (sí, dos días) y Pleno del Consejo Escolar del Estado el 8 de enero de 2019, para ser finalmente aprobado el 15 de febrero de 2019 en Consejo de Ministros. Este texto fue aprobado de nuevo el 3 de marzo de 2020, sin cambiar ni una coma para no tener que pasar de nuevo por los órganos consultivos y ser tramitado en las Cortes en el período en que la prioridad absoluta debe ser la erradicación de la enfermedad que padecemos y paliar sus efectos en el ámbito educativo.

Ya en aquel momento CSIF criticó dicho procedimiento, que dio lugar a una reforma educativa que contenía todos los errores anteriores, siendo los que más destacábamos: de nuevo no era una ley completa, no había contado con el profesorado, carecía de financiación y no atajaba los problemas estructurales de la educación. Y todo ello sin conseguir el Pacto de Estado, algo básico para acabar con este infernal sinsentido de cambiar la Ley Orgánica cada vez que se cambien el Gobierno.

Este período ha impedido, por ejemplo, que CSIF pueda presentar de manera detallada, el estudio que ha elaborado donde se concretan índices educativos desde 1990 (aprobación de la LOGSE) que indican problemas estructurales de la educación de nuestro país. En el informe “Razones y propuestas para una nueva ley de educación” destacábamos cinco: fracaso escolar, paro juvenil, bajo nivel educativo, diferencia grosera entre comunidades autónomas y escaso reconocimiento a la labor docente. Todos ellos nos hacen estar en la cola de la Unión Europea.

En ese informe detallábamos como estos índices no habían tenido apenas mejoras en los últimos 30 años, pese a estar cambiando las leyes educativas. Y de hecho cuando se produce alguna mejora, tiene que ver con cuestiones coyunturales ajenas al Sistema Educativo.

De este modo, CSIF quería incidir en la necesidad de alcanzar una Ley Educativa cambiando los procedimientos para poder atajar estos problemas. Así proponemos en dicho informe que se parta de los consensos en las cuestiones profesionales y vaya subiendo hasta llegar a las Cortes. Escuchando al profesorado. Hasta ahora siempre ha sido al revés y como ya hemos indicado no ha funcionado. Solo a partir de principios profesionales se puede llegar a un Pacto de Estado.

CSIF tiene su modelo. En el informe citado detallamos nuestras propuestas en cuatro bloques: Sistema Educativo, Modelo curricular, Recursos y Estatuto Docente. Con ello planteamos medidas para atajar los problemas estructurales expuestos.

Si la reforma de la Ley sale adelante, tendrá la duración que tenga el Gobierno y esto es un desastre que la educación no puede permitirse. Ya se ha perdido mucho tiempo y los recortes del 2012, la inestabilidad legislativa y la muy posible crisis económica, pueden desangrar aún más nuestro Sistema Educativo.

Exigimos negociación y llegar a un Pacto de Estado. Ahora más que nunca. La crisis económica está aquí y se necesita como algo imprescindible blindar el gasto educativo. Si no se fija, caeremos en los errores del pasado que tanto daño hicieron a la Educación Pública. Es necesario, como ya exige CSIF en todos los informes del Consejo Escolar del Estado, que se blinde por ley el Gasto Educativo Básico por alumno para garantizar la igualdad de oportunidades y así no exagerar las absolutas desigualdades actuales. Y es que si se mantiene el gasto educativo asociado a un porcentaje del PIB, cuando este cae, como va ser este año, servirá de excusa para un posible recorte que tildarán como inevitable.

CSIF EDUCACIÓN

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