CSIF lleva a los tribunales el sistema de selección de docentes en Cataluña
- CSIF recurre la última convocatoria de personal interino por ser contraria a derecho. La convocatoria permite ejercer sin titulación obligatoria, siempre que se hable en catalán.
26 de Septiembre de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha interpuesto una demanda, por la vía de lo contencioso administrativo, contra la última convocatoria de personal interino docente en los centros públicos de Cataluña (Resolución ENS/763/2018 de 12 de abril) al entender que los criterios de selección son contrarios a derecho.

Esta convocatoria, de manera excepcional, abre la puerta a la inscripción en las bolsas de trabajo a personal que no cumple con los requisitos de titulación obligatorios, tanto a nivel autonómico como a nivel Estatal. De esta manera, CSIF denuncia que la Generalitat pretende instaurar un sistema de selección que prime la lengua catalana a costa de la capacitación profesional docente.

La Ley Orgánica de Educación establece que para poder ejercer la profesión docente en los niveles posteriores a Infantil y Primaria debe ir obligatoriamente acompañada de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Posgrado y, por tanto, estar en posesión de la titulación requerida, en concreto, un título oficial de máster. Sin embargo, la convocatoria de la Generalitat pretende esquivar este requisito.

La Generalitat ya intentó echar por tierra esta regulación en el pasado, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que determina las condiciones de formación. En este sentido, el Alto Tribunal resolvió en 2014 la constitucionalidad, vigencia y aplicación en todo el Estado de esta normativa.

La intención de la Administración de admitir en la bolsa de trabajo a personal docente sin la titulación obligatoria puede suponer una disminución del nivel educativo ofertado, vulnerando el derecho a la educación en toda su extensión y por ende puede producir un perjuicio para el alumnado. Además, se puede generar un agravio comparativo y discriminatorio respecto a los centros privados, donde los docentes sí que tienen la titulación mínima exigida por Ley.

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