CSIF denuncia que el Ministerio se escuda en su “interinidad” para congelar la negociación colectiva y aprobar, por tercera vez en lo que va de año, medidas que afectan a las condiciones laborales del personal de justicia sin convocar la preceptiva mesa de negociación. Conforme a la jurisprudencia del TC la negociación colectiva está incluida en el derecho fundamental de libertad sindical del que son titulares todos y cada uno de los trabajadores de Justicia y que se ejerce colectivamente a través de las organizaciones sindicales.

Tras la anulación por los Tribunales de las relaciones de puestos de trabajo de la MUGEJU y del Real Decreto de sustituciones de LAJ por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical; ahora, el Ministerio, modifica el régimen de guardias de los Médicos Forenses sin pasar por la Mesa de negociación establecida en la Disposición Adicional 12ª del TREBEP que es el mecanismo legal para ejercer el derecho de negociación establecido en nuestra Constitución y normativa que la desarrolla.

Para CSIF, las diferentes resoluciones, de las que hemos tenido conocimiento una vez han sido cursadas y firmadas por la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, son ilegales por falta de negociación colectiva. Como ellas mismas señalan, con ellas “se pretende modificar las guardias de los IML” a partir del 1 de enero de 2020 por lo que es evidente que es una materia sometida a negociación colectiva conforme al art. 37.1 letra m) del TREBEP.

CSIF está estudiando acciones legales, sin descartar ninguna, para reaccionar ante lo que podría considerarse una recurrente obstrucción del ejercicio de un derecho fundamental, pero vaya por delante lo siguiente:

• CSIF, como primer sindicato en la Administración de Justicia, está comprometido con la mejora de las condiciones de trabajo de todo el personal de Justicia al que legalmente representamos. Pero, el fin nunca puede justificar los medios y el respeto al Estado de derecho, a todas las normas incluidas las que rigen la negociación colectiva, es la única garantía frente a los abusos del poder.

• El problema de vulnerar el derecho de negociación colectiva es que se abre la veda para que el Ministerio elimine derechos laborales sin negociación. De hecho, la propia resolución finaliza indicando que: “se podrá modificar o incluso suspender este plan en caso de falta de disponibilidad presupuestaria, personal mínimo requerido, problemas organizativos, o cuando concurran otras circunstancias que imposibiliten dicho plan, en cuyo caso se aplicaría el plan de guardias anterior a la presente resolución”. Resumiendo, de la misma manera que lo adoptaron, lo podrán quitar sin ningún tipo de control ni negociación previa.

• Es llamativo también que en la resolución se hable de la disponibilidad presupuestaria lo que parece indicar que este plan va acompañado de dinero. Un dinero que se niega que exista cuando se pide para el complemento específico en el ámbito Ministerio y del que, en un ejemplo más de falta de transparencia, no se dice ni cuánto es, ni cómo se va a pagar. En este sentido, CSIF recuerda al Ministerio que el artículo 37.1 letra b) del TREBEP exige la negociación de todo complemento retributivo y el de la guardia lo es.

• CSIF ha sido el primero en reivindicar la revisión del régimen de guardias de todos los funcionarios de Justicia. Unas guardias que están reguladas con carácter nacional para todo el personal de Justicia en dos órdenes del año 2003 claramente obsoletas y sobre las que CSIF viene pidiendo su revisión desde hace varios años.

CSIF le recuerda a la Ministra Delgado que desde hace varios meses tiene encima de la mesa una propuesta de acuerdo y que contiene tanto el tema de las guardias como el de las sustituciones junto con la eliminación del escarnio retributivo que sufren los funcionarios de su ámbito territorial en el complemento específico.

Si la Ministra no ha visto aún la propuesta de acuerdo de CSIF, que la pida a quien corresponda para convocar la mesa de negociación de forma inmediata pues son muchos los temas que permanecen congelados por culpa de un Ministerio más preocupado por los gestos políticos que por respetar la ley y resolver los problemas de la Administración de Justicia.