CSIF confía en que la retirada del proyecto de LEMES responda a la búsqueda del mayor consenso posible con todos los agentes
- CSIF cree imprescindible disponer de una norma reguladora de la Educación Superior madrileña que aborde la financiación, la carrera docente e investigadora o la precariedad de las plantillas
04 de Julio de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, confía en que la retirada del orden del día del pleno de este jueves en la Asamblea del debate y votación de su proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) responda a un cambio de actitud del Gobierno autonómico que implique la apertura de un período de diálogo para buscar y conseguir el más amplio consenso posible con todos los agentes implicados.

A la espera del devenir definitivo del Proyecto de LEMES, CSIF alerta de los riesgos del texto defendido hasta ahora por el Gobierno regional. La Comunidad de Madrid es la única dotada de un gran sistema universitario que carece de una ley adecuada, pues sigue en vigor la vetusta y minúscula Ley 4/1998, de 8 de abril, de Coordinación Universitaria. Los actuales responsables del gobierno autónomo han optado con la LEMES por una ley “cajón de sastre” donde se mezclan universidad/ciencia/enseñanzas artísticas/formación profesional.

Por ello, CSIF considera imprescindible disponer de una norma reguladora de la Educación Superior madrileña que aborde los temas claves del Sistema Universitario de Madrid como la financiación, la carrera docente e investigadora o la precariedad e inestabilidad de las plantillas.

Ambiguas, peligrosas y de posible atentado a la equidad se pueden calificar las propuestas de especialización en universidades docentes o universidades investigadoras, la creación de Grupos y Centros de alto rendimiento o la figura del Profesor Visitante distinguido.

CSIF denuncia que la LEMES no garantiza, ni concreta, ni asegura nada sobre la financiación de las universidades públicas madrileñas. La financiación básica que es la clave del mantenimiento del sistema queda totalmente sin definir dentro del marco global. Peor aún, en la Disposición adicional quinta se concreta que el marco de referencia para el cálculo será la ¡financiación de 2011!, o sea, la de hace 8 años, en plena orgía de recortes y sin tener en cuenta el enorme crecimiento en alumnos y titulaciones que algunas universidades públicas madrileñas han experimentado desde 2008.

Por otra parte, en el Artículo 64 (Contratos-Programa) se plasma por vez primera una referencia a “incentivos para que cada universidad pública defina su propia estrategia en materia docente, investigadora, de competitividad o de apertura internacional, según el perfil o perfiles que la universidad decida reforzar”. Esta división entre universidades públicas “de perfil docente” o “de perfil investigador” o “de perfil internacional” es incompatible con la visión de CSIF de qué es una universidad pública de calidad.

El apartado de la actividad de las Universidades y Centros está trufado de incoherencias e inconcreciones.En el Artículo 73 se trata de los Grupos de Investigación de alto rendimiento, cuya existencia se proclama en el Artículo 72. Pero no se especifica claramente quiénes los forman. ¿Serán sólo de universidades públicas?, ¿interuniversitarios?, ¿sólo PDI universitario?, ¿funcionarios?, ¿permanentes?, ¿mixtos con personal de otros centros?

La LEMES declara sus verdaderas intenciones cuando todo su esfuerzo legislativo en materia de personal docente e investigador lo dirige a crear la curiosa figura del Profesor Visitante Distinguido y habla de que en torno a los grupos de investigación de alto rendimiento se podrán convocar plazas de PDI sin especificar su naturaleza, la legislación de referencia, el tipo de figura, los requisitos de su acreditación, su carga docente, su regulación y duración, etc. Todo confuso y ambiguo lo que nos lleva a preguntarnos desde CSIF ¿qué clase de empleado público serán estos profesores? Es una figura potencialmente peligrosa como “mecanismo de colocación” con poca transparencia y sin respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En cuanto al conjunto del personal docente e investigador, no se resuelven, ni siquiera se plantean, ninguno de los problemas actuales de las plantillas docentes universitarias: precariedad, interinidad, estabilización, promoción, etc. Tampoco se hace mención a los convenios colectivos (el de PDI laboral está congelado desde 2007) ni al desbloqueo de la dotación plazas de profesorado permanente (funcionario o laboral). En lo referente a retribuciones e incentivos adicionales autonómicos del PDI, ningún compromiso.

En lo referente al Personal de Administración y Servicios y a los Estudiantes, nada de nada, salvo algún artículo meramente declarativo como el 96: Con pleno respeto a la normativa en materia de tasas y precios públicos, la Comunidad de Madrid establecerá un sistema de tasas y precios públicos asequibles que permita el acceso y continuidad en los estudios universitarios a todos los estudiantes con independencia de sus recursos económicos.