- Nacional
- Andalucía
- Aragón
- Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Ceuta
- Comunidad de Madrid
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Melilla
- Navarra
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
El profesorado de las universidades públicas sigue perdiendo efectivos según se demuestra al analizar los datos de la secuencia histórica. Si en el curso 2010/11 contaban con 104.756 profesores, en el curso 2015/16 el número había caído hasta los 101.020, es decir, 3.736 docentes menos. Mientras y durante ese mismo período, las universidades privadas incrementaban el número en 6.612 profesores según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De tal manera que durante el curso 2015/16 el 14’5% del Personal Docente e Investigador de las universidades españolas pertenecía ya a las universidades privadas.
Durante esos mismos años, en las universidades públicas, el Personal de Administración y Servicios(PAS) se redujo en 3.407 efectivos y en la privada se incrementó en 3.429 personas.
La inestabilidad y la precariedad son los males endémicos de estas plantillas reducidas. De los 101.020 docentes universitarios del curso 2015/16 en las universidades públicas hay 41.689 profesores no estables, es decir, el 41’12% son contratados con duración determinada. El relativo equilibrio entre funcionarios y laborales que impone la LOMLOU (impidiendo que el PDI contratado supere el 49% del total) se va rompiendo y según la Estadística del personal de las universidades del MECD del curso 2015/16 hay 45.863 profesores funcionarios (45’3%) y 55.157 profesores contratados (54’7%).
Algo similar ocurre con el Personal de Administración y Servicios de nuestras universidades públicas. El último informe de la Fundación CYD indica que el 21’3% de la plantilla del PAS es inestable mientras que el 78’7% (51.054 personas en el curso 2015/16) era plantilla estable o permanente, es decir eran funcionarios de carrera no interinos, o tenían un contrato indefinido.
Capítulo aparte merece la situación del personal empleado investigador conformado por 17.467 trabajadores en el curso 2015-2016 que son el paradigma de una situación laboral inestable y precaria. Parte de ellos (39’9%) entraron en las universidades a través del artículo 83 de la LOMLOU con cargo a proyectos/grupos de investigación y el grupo mayoritario (58’3%) fueron contratados mediante convocatorias públicas competitivas. De aquí, más del 80% eran investigadores predoctorales inmersos en la universidad a través de convocatorias de formación de personal investigador o formación de doctores (FPI) y de convocatorias de formación de profesorado universitario (FPU). En estas labores de I+D están también los 4.756 trabajadores a los que el MECD define como personal técnico de apoyo a la investigación.
Además, los límites impuestos por la tasa de reposición durante los últimos años ha provocado un cada vez más preocupante envejecimiento de la plantilla. Los datos son evidentes: la edad media del PDI de las universidades españolas era de 49 años en el 2015/16, mientras que el porcentaje de PDI menor de 35 años era sólo del 7’7% (un 8’1% en el caso del PAS). Por otro lado, el Personal Docente e Investigador mayor de 60 años es ya del 14’4%.
Fuentes:
CSIF Educación