El tráfico de personas supone, en la actualidad, una de las mayores lacras y desafíos a los que se enfrentan los países en el s. XXI y supone la esclavización por parte de organizaciones criminales internacionales, con fines de explotación sexual, laboral y otros, de mujeres, niños y niñas.

En nuestro país, además, por su situación de frontera europea, es un problema especialmente grave ya que, a diario, se produce la llegada de personas, especialmente mujeres, obligadas por las mafias a prostituirse.

Los datos son aterradores aunque muy probablemente no se acerquen siquiera a la realidad y es que durante los últimos años las fuerzas de seguridad han liberado a más de 5.000 mujeres obligadas a prostituirse y se calcula que la cifra total de mujeres y niñas obligadas a prostituirse en la Unión Europea supera las 45.000. Más allá de la condena al tráfico en sí y a los que se benefician de él, creemos que es imprescindible analizar y llevar el foco al otro extremo de la cadena, hacia el fin de ésta más que al origen porque, pese a todos los avances que en nuestro país se hayan podido llevar a cabo, lo cierto es que si se siguen liberando mujeres y menores secuestradas en prostíbulos es porque sus servicios siguen teniendo demanda que además resiste a todo intento educativo y de cambio social.

En definitiva, si hay prostitución es porque sigue habiendo clientes. Por tanto, una sociedad democrática, que basa sus cimientos en la igualdad y el respeto a la vida y los derechos humanos no puede tolerar la explotación sexual. Por tanto, CSIF, desde nuestro compromiso con la responsabilidad social, lanzamos un mensaje contundente y sin matices contra la explotación sexual, contra el tráfico de seres humanos, de niños y niñas y de mujeres, y un rechazo rotundo a la práctica de la prostitución en nuestra sociedad.