CSIF pide a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los acuerdos firmados para el Cuerpo de Agentes Forestales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, quiere denunciar el incumplimiento sistemático por parte de la Comunidad de Madrid y, en concreto, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de los acuerdos firmados para los Agentes Forestales de nuestra región.

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid está adscrito a la Dirección General de Emergencias, dirección integrada en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM), en la Consejería de Presidencia Justicia e Interior.

Esta adscripción, lejos de suponer un beneficio al desarrollo del colectivo, se ha transformado en un auténtico cáncer para el Cuerpo de Agentes Forestales. No discutimos que la Consejería de Presidencia sea el lugar apropiado para el Cuerpo, pero sí discrepamos respecto a la gestión que se hace de nuestras competencias y funciones. Estamos dirigidos a golpe de ocurrencia, con infraestructuras que tienen ya un siglo de existencia, en algunos casos, deterioradas y bochornosas.

Los agentes forestales somos el hermano pobre de una Agencia que no se implica en el desarrollo del Cuerpo y que lo utiliza para todo menos para nuestras propias competencias y funciones, las de la policía medioambiental.

Los dos últimos Acuerdos (años 2018 y 2021) firmados y publicados en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid son una lista de incumplimientos por parte de la Administración.

Cuatro años después, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid tiene que preguntar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: ¿Para cuándo tienen previsto dotar de efectivos suficientes y de instalaciones adecuadas al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid?

Y la pregunta no es baladí. Más bien es retórica, ya que los diputados socialistas han hecho su trabajo informándose de primera mano. Cosa que agradecemos y valoramos, porque la situación real, al día de hoy, está muy lejos de la publicidad y postureo que transmite la Comunidad de Madrid en redes sociales.

El monte madrileño, los espacios naturales protegidos y el importante y creciente uso social de estos no se vigila las 24 horas los 365 días por falta de efectivos. De hecho, la plantilla que patrulla a finales de 2022 el medio natural madrileño es la acordada en 2007.

Los escasos y saturados agentes realizan jornadas de 24 horas de guardia, trabajan sábados, domingos y festivos más de 11 horas continuadas, doblan turnos y no disponen de unos centros de trabajo adecuados para ello. Las oficinas comarcales son auténticos cuchitriles. CSIF presentó en 2017 un Plan de Mejora y Modernización de Oficinas Comarcales a la Administración. En ese momento no tenían solución física viable tres de ellas y hoy ya son siete. Y nada se ha hecho más allá de alguna mano de pintura, chapuzas varias y ahora, anunciar barracones anexos a esas oficinas.

Actualmente hay una absoluta falta de interlocución y negociación. La ASEM 112 ha cerrado las Mesas Técnicas de Agentes Forestales y solo se sienta con UGT y CSIT-UP a través de una Comisión de Seguimiento del último Acuerdo que nada negocia en desarrollo del colectivo.

Mediante la Ley Ómnibus imponen un régimen disciplinario desproporcionado, sin sustento y garantías jurídicas suficientes. Lo hacen sin negociación previa alguna, sin un Reglamento de desarrollo de la Ley de creación del Cuerpo.

La planificación de la Actividad Preventiva de las funciones policiales de los agentes forestales la llevan años ignorando y tienen a los agentes sin medios de seguridad adecuados y proporcionales a dichas funciones, con un boli y una libreta frente a la infracción y el delito medioambiental. Por coherencia profesional y seguridad jurídica deben desarrollar este asunto y proponer al frente de ello a técnicos policiales. Nada hacen al respecto.

Los agentes forestales son tratados como funcionarios de tercera división, sin conciliación. Sin carrera profesional. No existe formalidad en la elaboración y publicación de los calendarios laborales y en su gestión, llegando en ocasiones a un caos que beneficia a unos en contra de otros, implicando y afectando tanto al servicio como a la vida personal de los agentes. Por todo ello, se empieza a crear un ambiente laboral tóxico, con unos riesgos psicosociales graves debido a toda esta falta de organización.

Aunque hay más problemas, sirva este breve pero significativo enunciado para responder a la pregunta del Partido Socialista.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en palabras del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, la respuesta se limita a continuar en la línea de las de la ASEM 112, halagos que se acaba llevando el viento, promesas de obras que se sustancian en chapuzas que no solucionan el grave problema de los centros de trabajo, anuncios de medios de seguridad que se debían haber materializado hace años y aumentos de plantilla que después de cuatro años no llegan.

Ya no sirven las excusas y así lo ha evidenciado recientemente la representación sindical de los agentes forestales en la Asamblea de Madrid. Necesitamos mejoras reales en nuestras condiciones de trabajo, porque si de verdad somos importante para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de Enrique López, es el momento de empezar a ver hechos. Y el primero de ellos debe ser acabar con el actual sesgo sindical y la normalización de las mesas de negociación con todos los sindicatos representativos de los agentes forestales.