La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46 por ciento

La escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con graves problemas estructurales: déficit de plantilla (ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles) y un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la LOMLOE (improvisación de currículos, aumento de burocracia, etc.).

Según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la educación pública padece un déficit de más de 50.000 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado.

Por otro lado, se mantienen altos niveles de interinidad (superior al 27 por ciento de media) especialmente en la Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, con tasas que ascienden al 43,34 y el 39,36 por ciento, en los casos de Navarra y Canarias, respectivamente.

La tasa medida es muy elevada, teniendo en cuenta que no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CSIF exige la convocatoria de 100.000 plazas para reducir la temporalidad y 50.000 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Según datos recabados del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit de 6930 millones de euros, en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación.

A esta situación se añade la entrada en vigor de la nueva ley Educativa que ha provocado aún más caos en las comunidades autónomas (siete de ellas no han aprobado sus desarrollos curriculares) y entre los docentes, ya que implica para ellos una burocracia extraordinaria sin que se solucionen algunos de los problemas estructurales del sistema educativo. Esto tiene como consecuencia que entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales: falta de inversión, ratios elevadas, ausencia de estabilidad legislativa y la necesidad de consolidación y mejora de las condiciones laborales del profesorado.

Por otra parte, es fundamental que la puesta en marcha de la nueva ley se realice de manera homogénea en todo el territorio, evitando agravar las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho fundamental de la educación. Asimismo, exigimos altura de miras para que esta aplicación no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica a nuestro sistema educativo.

Desde CSIF exigimos al Ministerio de Educación y Formación Profesional que abra ya un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país, teniendo en cuenta la opinión de los profesionales:

- Convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para iniciar la negociación de las retribuciones, ante los niveles de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

- Una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, CSIF considera que se debe abordar ya el incremento de la financiación en la Educación para acercarnos al 7 por ciento del PIB, así como la actualización de los gastos de desplazamiento por razones de servicio, ante la subida de los carburantes.

- Exigimos al Ministerio de Educación que abra un proceso real de negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Este proceso debería culminar con la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas, que ascienden hasta 700 euros mensuales y homologar las condiciones laborales del profesorado.

CSIF ya está pulsando la opinión del profesorado y si el Ministerio no abre este proceso negociador, el sindicato valorará el inicio de movilizaciones. Además, el próximo 24 de septiembre, el Sector Nacional de Educación de CSIF participará en la manifestación convocada por el sindicato en Madrid contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos.

Miles de profesionales de la docencia procedentes de toda España se sumarán a esta manifestación multitudinaria abierta a trabajadores/as tanto del sector público como privado y que hacemos extensiva al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases medias.

INICIO DEL CURSO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Por su parte, en la Comunidad de Madrid el inicio del curso 22/23 se ha realizado sin grandes incidencias. Únicamente, como viene sucediendo desde hace años, se están produciendo retrasos en las incorporaciones de algunos docentes debido al programa informático que realiza las asignaciones del profesorado. Este año, la fecha prevista para tener estas asignaciones era el 5 de septiembre. Finalmente ha sido el 7, día del inicio del curso, cuando se han hecho públicas las asignaciones. De esta manera, numerosos profesores no se van a poder incorporar a sus destinos hasta pasados unos días.

Al hilo de estos episodios, y tras las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre sentarse a hablar con la comunidad educativa para que dé comienzo el curso escolar el próximo año el 1 de septiembre, desde CSIF Educación Madrid nos tememos que, vistos los retrasos señalados en las asignaciones, por mucho que quieran adelantar el inicio del curso al primer día de septiembre, va a ser prácticamente imposible dar comienzo en esa fecha.

También queremos recordar que la conciliación es que las familias puedan pasar más tiempo con sus hijos, no que estos tengan que estar más tiempo en los colegios o en los institutos. Por eso nosotros, en CSIF Madrid, somos muy críticos y nos posicionaremos en frente de un calendario que no sea racional y que de verdad permita a todos los centros prepararse para el inicio del curso.