CSIF insta al Gobierno regional a poner en marcha ya la negociación de la Ley de Función Pública tras el desacuerdo en la Asamblea de la semana pasada
28 de Octubre de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha instado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha cuanto antes la negociación de la Ley de Función Pública, para que la Comunidad de Madrid cuente, a la mayor brevedad posible, con una norma prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 y que ya está aprobada en otras autonomías como Baleares, Galicia o Comunidad Valenciana.

CSIF hace esta petición, que ya formuló en su reunión del pasado 18 de octubre con el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, una vez que el Pleno de la Asamblea de Madrid no sacara adelante el pasado jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid elabore y presente “a la mayor brevedad posible un Proyecto de Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid”, desarrollando, “en el ámbito de sus competencias, el nuevo modelo común de Función Pública” diseñado por el EBEP.

El desencuentro por el que la PNL no se aprobó finalmente vino por una enmienda presentada por el PP que proponía suprimir el punto 3 de la misma, que instaba a “acordar los contenidos del Proyecto de Ley con todos los Grupos Parlamentarios” a fin de obtener “el mayor grado posible de acuerdo con los mismos en un tema que debe ser de capital importancia para la buena marcha de la Administración Pública Autonómica”. Sin este apartado, el PSOE decidió no apoyar la proposición, que sólo contó con los votos a favor de PP y Cs.

Desde CSIF Madrid instamos al Gobierno de la Comunidad y a los partidos políticos a hacer todo lo posible para empezar cuanto antes la negociación con los sindicatos de una Ley necesaria para regular la carrera profesional de los empleados públicos (excepto el personal estatutario de Sanidad), tanto laborales como funcionarios; para regular la reclasificación profesional, los reglamentos de personal eventual e interino, los trienios, el estatuto del personal directivo para regular los altos cargos de la administración, etc.