CSIF alerta del caos para resolver conflictos laborales en los juzgados madrileños: jueces, secretarios y funcionarios dependen de tres administraciones distintas
- La denuncia a un funcionario judicial por masturbarse delante de sus compañeros pone de relieve la necesidad de un protocolo de coordinación entre CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidad
12 de Junio de 2019

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector Justicia a nivel nacional, ha alertado del caos existente en la justicia madrileña porque los empleados públicos que la integran (jueces, letrados de la Administración de Justicia –antiguos secretarios judiciales- y funcionarios) dependen de tres administraciones distintas que no están coordinadas a la hora de imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores o de aplicar protocolos de prevención de riesgos laborales.

Así, cuando por ejemplo existe un conflicto disciplinario protagonizado por un juez, ni el Ministerio de Justicia ni la Consejería autonómica tienen potestad para actuar y quedan a expensas de lo que decida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano del que dependen jueces y magistrados. Lo mismo pasa con los letrados de la Administración de Justicia, que es personal del Ministerio de Justicia, y con los funcionarios de las oficinas judiciales, que pertenecen a la Comunidad de Madrid.

El caso de las diligencias informativas abiertas por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid a un funcionario acusado de masturbarse en su puesto de trabajo delante de sus compañeros ha puesto de relieve esta problemática, ya que la titular del Juzgado de lo Social se ha dirigido hasta en dos ocasiones al CGPJ para denunciar esta situación, pese a que el órgano de gobierno de los jueces carece de competencias sobre los funcionarios de justicia.

El CGPJ se excusó ante la magistrada señalando que no tenía competencia sobre el funcionario denunciado, aunque es muy habitual que la propia Comunidad de Madrid se escude también en la falta de competencia cuando los problemas son ocasionados por un letrado o un juez, que son los más habituales.

Desde CSIF hemos insistido mucho en la necesidad de establecer protocolos de coordinación entre las tres administraciones implicadas, algo que por ahora no ha sido posible, pese a que los problemas de distinta índole que se dan en los juzgados son más habituales de lo que la gente puede pensar.

Por esta descoordinación, la Consejería no ha adaptado los protocolos de acoso y violencia en el trabajo que se firmaron en la Mesa General de Empleados Públicos en 2017. En este sentido, CSIF Justicia Madrid se dirigió recientemente mediante un escrito a la responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Justicia de la Comunidad de Madrid, poniendo de relieve la dificultad para aplicar estos protocolos por “las peculiaridades de unos centros de trabajo donde conviven y colaboran empleados públicos cuya gestión corresponde a tres administraciones distintas (CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidad de Madrid)”.

“No se puede obviar que esta particularidad en algunas ocasiones puede generar conflictos laborales entre empleados pertenecientes a distintas administraciones, y la distinta dependencia funcionarial dificulta enormemente la actuación, protección y resolución de estos problemas”, indicaba CSIF en su misiva.