Fallos en el sistema informático de los juzgados (GPRO) desde el lunes desesperan a funcionarios y usuarios
- CSIF pide al próximo Gobierno autonómico que ponga a la Justicia como una de las prioridades para los próximos 4 años
05 de Junio de 2019

Numerosos funcionarios han comunicado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, los fallos que se están registrando el programa de gestión procesal que usan los juzgados madrileños (GPRO) desde que el sistema se “cayera” el pasado lunes y que están perjudicando por igual a los trabajadores y a los usuarios de la Justicia en toda la Comunidad de Madrid.

Según denuncian los trabajadores, el sistema funciona con tal lentitud que hace que los trámites ordinarios (citación de testigos, declaraciones, diligencias varias…) que realizan a diario se eternicen. Todo ello está ralentizando más todavía el ya de por sí elevado volumen de trabajo que soportan los juzgados madrileños, lo que está desesperando a los funcionarios y a los usuarios, que en muchas ocasiones tienen que pedir el día libre para acudir al juzgado.

Desde la implementación del programa de gestión procesal, que comenzó gradualmente en 2010 y se generalizó en 2014, siempre han existido multitud de quejas por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia por la lentitud del programa. Pero estos problemas ya habituales se han agravado significativamente en los últimos días: el lunes llegó a caerse totalmente y lleva funcionando muy mal durante toda la semana.

“Los ciudadanos que acuden estos días a nuestros juzgados son los más perjudicados al ver ralentizados los trámites que deben realizar, mientras los funcionarios se ven impotentes al no poder realizar su trabajo de manera adecuada”, ha señalado el presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, quien ha pedido al próximo Ejecutivo autonómico que salga que ponga a la Justicia como una de las prioridades de su acción de gobierno para los próximos cuatro años, con el fin de que este servicio público sea ágil y eficaz.

Según Carral, este mal funcionamiento de GPRO no sólo está provocando el aumento de los tiempos de tramitación y esperas innecesarias, sino que está “profundizando más en el colapso que sufre la Administración de Justicia de nuestra región, contribuyendo al aumento de la frustración y estrés de los empleados públicos, que ven paralizado su trabajo y se ven obligados a asumir las quejas constantes de todos los profesionales y ciudadanos”.

Si a esto le sumamos que hay diligencias que son inaplazables, como las desarrolladas en un servicio de guardia, da como resultado, inseguridad jurídica y una situación de estrés laboral que menoscaba gravemente la salud de los trabajadores.

Desde CSIF volvemos a reiterar la necesidad de llevar a cabo la implementación de los nuevos programas de gestión procesal de manera más progresiva, y siempre y cuando se haya dotado previamente a los órganos judiciales afectados con medios informáticos modernos y adecuados.