Concentración frente al Ministerio de Hacienda contra el acoso a la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Madrid
27 de Febrero de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, participó este martes 27 de febrero en la concentración junto a CCOO y UGT frente al Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá, 5) para “defender sus derechos y la negociación colectiva en el Ayuntamiento de Madrid y para denunciar y combatir el acoso por parte de la Delegación del Gobierno”. En un ambiente frío y lluvioso, un centenar de empleados públicos municipales se concentraron desde las 17.30 horas para exigir que el Gobierno central no actúe contra los acuerdos alcanzados por los trabajadores en este ayuntamiento.

Esta concentración, al igual que la del pasado 2 de febrero ante la Delegación de Gobierno, responde a la suspensión cautelar por parte del TSJM del acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid, que homologaba las condiciones salariales del personal laboral con las del personal funcionario. CSIF rechaza que por una cuestión política se acabe perjudicando a los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid dando carpetazo, a través de impugnaciones judiciales por parte de la Delegación de Gobierno, a la recuperación de derechos conseguida a través de duras negociaciones.

El responsable de negociación de CSIF en el Ayuntamiento de Madrid, Arturo Cifuentes, explicó a los medios que se acercaron que los acuerdos laborales y sociales que se están alcanzando "están siendo bloqueados tanto por el Ministerio de Hacienda como por la Delegación del Gobierno". "Con estas actuaciones, el mayor perjudicado es el trabajador. Hemos perdido poder adquisitivo, no podemos sacar adelante nuestro convenio, hemos perdido las 35 horas y todo esto se debe a que el color político del Ayuntamiento es diferente", afirmó.

Por su parte, el presidente del sector Local de CSIF Madrid, Víctor Martínez, recuerda que estos empleados públicos llevan unos cuantos años negociando la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis. "Hemos conseguido buenos acuerdos para todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Mejoras que la Delegación de Gobierno se ha cargado de un plumazo con impugnaciones judiciales”, afirma.

A su juicio, la decisión del TSJ, que responde a la impugnación presentada por la Delegación del Gobierno, tiene una motivación “política”, ya que al tratarse "del mayor ayuntamiento de España, lo quieren utilizar como ejemplo". "Pero no tiene sentido, porque en otras administraciones públicas se están negociando y acordando mejoras y recuperación de derechos que no están siendo impugnadas”, señala.