CSI-F denuncia las graves carencias que en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales sufren las numerosas sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, que se han agravado en los últimos tiempos como consecuencia de la política de recor
04 de Julio de 2013

El sindicato CSI-F ha solicitado reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales en los Juzgados de la Comunidad de Madrid a raíz del fallecimiento de un infarto de un magistrado de Lo Social, ha informado el sindicato en un comunicado.

Así, se ha quejado de que las sedes judiciales "no dispongan de servicios sanitarios adecuados, ni equipos de prevención y protección como desfibriladores semiautomáticos".

Además, el sindicato ha reclamado que se atiendan las reclamaciones respecto a garantizar unas mínimas condiciones laborales de sus Empleados Públicos.

CSI-F quiere denunciar las graves carencias que en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales sufren las numerosas sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, que se han agravado en los últimos tiempos como consecuencia de la política de recortes presupuestarios y la falta de inversión a los que se está sometiendo a la Administración de Justicia de nuestra región.

No es aceptable que los numerosos edificios judiciales que se encuentran ubicados a lo largo y ancho de nuestra Comunidad y que cuentan con una cantidad importante de empleados y por las que acuden a diario cientos de ciudadanos y profesionales, no dispongan de servicios sanitarios adecuados, ni equipos de prevención y protección como desfibriladores semiautomáticos, que podrían haber evitado el reciente desgraciado desenlace.


Un claro ejemplo del descuido y poca disposición de la Comunidad de Madrid a la hora de atender las constantes reclamaciones de CSI-F de garantizar unas mínimas condiciones laborales de sus Empleados Públicos, que con su profesionalidad y dedicación consiguen que la Justicia Madrileña funcione a pesar de las carencias, también lo tenemos en que la Administración autonómica pretende que acudan a su puesto de trabajo aun padeciendo problemas de salud graves e incluso enfermedades infecto-contagiosas.

Además, este hecho supone una discriminación y un agravio comparativo con respecto a funcionarios de la misma categoría destinados fuera de nuestra Comunidad pese a su condición de Cuerpos nacionales, lo que debería conducir a un mismo régimen estatutario común en materias como la que ahora nos ocupa, con independencia del ámbito geográfico en el que desempeñen sus funciones.


Finalmente, desde CSI-F consideramos que no es posible sostener un régimen estatutario distinto en materias como la referida a la salud laboral o la prevención de riesgos laborales o el tratamiento de las diferentes enfermedades o tratamientos médicos que se requieran para los Funcionarios de Justicia según el lugar donde tengamos nuestro destino, ni tampoco diferenciado del que tienen otros empleados públicos de la Administración de Justicia como puedan ser Jueces y Fiscales. La enfermedad no conoce de rangos, escalas ni cuerpos. Lo contrario supone una vulneración flagrante del derecho a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución, sin olvidar la existencia del derecho a la protección a la salud establecido en el artículo 43 de la Constitución, y es un claro ejemplo del retroceso que está aplicando la Administración de nuestra Comunidad Autónoma en las condiciones laborales de nuestro colectivo, más propio de países subdesarrollados, donde las personas disfrutan de unos derechos u otros en función a la casta o tribu a la que se pertenece y, CSI-F no dudará en utilizar todos los recursos a su alcance para combatir tan inaceptable situación.

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