JUSTICIA MADRID _ CSIF SE OPONE A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN
13 de Mayo de 2013


Asimismo, califica de barbaridad jurídica que se atribuya a un particular (procurador) el carácter de agente de la autoridad para realizar actos de ejecución.

El anteproyecto de reforma de la LEC presentado por Gallardón en la web del Ministerio el pasado viernes, recoge la posibilidad de que los Procuradores puedan participar en la ejecución de sentencias bajo la supervisión del Secretario Judicial y del Juez con carácter de agente de la autoridad como si de un funcionario se tratara y a costa del ciudadano.

Aun cuando esta intervención se configure como voluntaria para el ciudadano que podrá elegir si quiere que los actos de comunicación y de ejecución los realice un Procurador o un funcionario para CSIF se abre la puerta a la privatización de una parte fundamental del procedimiento judicial como es la ejecución.

CSIF se opone a esta privatización del servicio por las siguientes razones:

* El objetivo de la reforma según se manifiesta por el Ministerio de Justicia es agilizar la ejecución como si los culpables de su lentitud fuéramos los funcionarios de Justicia algo que es falso de toda falsedad, además de una falta de respeto, una más, intolerable.


* La mayor o menor rapidez en la ejecución de sentencias tiene mucho más que ver con el conjunto de normas que se aprueban en el parlamento que con las personas concretas que lo único que hacen es aplicarlas bregando cada día con la falta alarmante de medios. A este respecto hay que tener en cuenta que la normativa procesal debe respetar los derechos de los ciudadanos.


* Por otro lado, la mayor o menor rapidez en la ejecución de sentencias y resoluciones tiene también que ver con la falta de medios a la que los sucesivos gobiernos han sometido a la Administración de Justicia y en particular, la existencia de hasta ocho plataformas informáticas distintas en función del territorio en el que nos encontremos e incompatibles entre sí o con graves problemas de compatibilidad, a la existencia de una aplicación informática como el MINERVA-NOJ que el propio Ministerio confiesa que no sirve o los problemas derivados del uso de LEXNET.


* Los derechos de los ciudadanos no pueden quedar a la decisión del representante del ejecutante por mucho control que se establezca por parte del Secretario Judicial. En este sentido, la presencia en el acto de ejecución, por ejemplo, un lanzamiento de un funcionario público ajeno a la relación entre el ejecutante y ejecutado es la mejor manera de proteger los derechos de ambos en el procedimiento.

* En todo caso, el coste del servicio en principio se atribuye al ejecutante que lo solicita pero el problema es que por la vía de la imposición de costas este gasto se acabará sufragando por el ejecutado que no solicitó que los actos de comunicación y de ejecución se realizaran por procurador por lo que la voluntariedad queda claramente en entredicho. .


Una vez más, CSIF tiene propuestas alternativas para la agilización de la ejecución y la mejora en la eficacia de los actos de comunicación que pasan por:


* La adopción de una normativa adecuada a los fines de la ejecución sin olvidar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
* La potenciación de los servicios comunes de actos de comunicación y ejecución.
* Aprovechar el potencial de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz por su cercanía al ciudadano y conocimiento del terreno. Una razón más para que estos órganos judiciales no desparezcan.


Todo ello sin olvidar lo que los políticos suelen utilizar para adornar sus discursos pero que luego olvidan por el camino: invertir en una herramienta informática segura, que permita la interconexión, fiable y adecuada además de en formación para su correcto uso.

CSI-F Justicia Madrid ¡Seguimos defendiendo lo público!