CSIF exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas que se evalúen los puestos docentes y se considere al profesorado como personal de máximo riesgo de contagio
- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de las personas trabajadoras mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
24 de Septiembre de 2020

No obstante, en la reanudación de la actividad educativa presencial y pese a que el personal docente aumenta su exposición al riesgo de contagio por Covid-19 al tener que desarrollar su actividad laboral en espacios cerrados y en contacto permanente con personas, solo se han aplicado las medidas frente a la exposición al coronavirus como a la población en general, sin haberse realizado las evaluaciones de riesgos específicas y la valoración del riesgo de exposición en cada caso, teniendo en cuenta la especificidad de las actividades, instalaciones y puestos de trabajo dentro de los centros docentes, conculcando con ello el derecho del personal docente a una protección eficaz en materia de seguridad y salud e incumpliendo lo establecido en el Art. 16 de la LPRL.

Para CSIF las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, son insuficientes e incumplen la legislación en materia preventiva y lo establecido en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención y en la guía de actuación ante la aparición de los casos COVID en centros educativos, poniendo en riesgo la salud de los docentes y alumnos.

Por todo ello, hemos registrado un escrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional y que se registrará en todas las Comunidades Autónomas demandando la evaluación del puesto de trabajo, la consideración del profesorado de personal de riesgo máximo de contagio y la atención especial a profesorado vulnerable