MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT, CC.OO, CSIT Unión Profesional y CSI-F han cifrado este miércoles en 11.000 los puestos de trabajo que se perderán en la Administración regional como consecuencia del aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales de los empleados públicos aprobada por la Asamblea de Madrid.
En una rueda conjunta con el resto de representantes sindicales, el secretario general de la Federación del Sector Público de UGT, Santiago Tamame, ha concretado que sólo en Sanidad se perderán 5.314 empleos, 3.000 en Educación y otros 3.000, aproximadamente, en el resto de la Administración regional.

Tomando como referencia el sector de la Sanidad, en el que trabajan 78.050 empleados públicos, tras la Ley de Acompañamiento, las jornadas añadidas que tendrá que trabajar cada empleado al año serán 16, lo que supone un total de 1.248.800 horas lo que, según sus datos, se traduciría en 5.314 empleados perdidos sólo en este sector.

El coordinador de negociación colectiva de CSI-F, Pedro Poves, ha defendido la labor de los funcionarios, y se ha quejado que "siempre se pague con ellos la crisis económica". "Los funcionarios son un personal muy calificado que han aprobado unas oposiciones y que han pasado unas pruebas muy duras, y que siempre hemos sufrido los recortes, primero con el Gobierno de (José María) Aznar y luego con el de (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha apuntado.
Poves ha apostado por defender el prestigio de los empleados públicos frente "a las declaraciones desafortunadas y el desprestigio" que, a su juicio, les ha causado los gobernantes de la Comunidad de Madrid. "Ahora van a destruir 11.000 puestos de trabajo, mientras se han creado empresas privadas con empleados públicos y se siguen pagando colegios concertados", ha añadido.

Los representantes de los trabajadores han indicado que estos recortes no sólo les afectarán a ellos, sino a la calidad y la atención de los servicios públicos, la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la ampliación de las listas de espera, "también en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de comunicación públicos".
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Manuel Rodríguez, se ha referido a los recortes de las bajas por enfermedad. Así, ha indicado que en un mes de baja un trabajador del nivel más bajo, que de base 1.086 euros, cobrará 519,90, "un descuento casi del 50 por ciento, mientras suben las hipotecas y otros gastos".
Por todo ello, los sindicatos presentes han animado a los trabajadores a participar en la manifestación el día 7 de febrero contra los recortes en los servicios públicos "y al hecho de que se haya usado la Ley de Medidas Fiscales para usurpar la negociación colectiva".