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El aumento de la jornada laboral de los empleados públicos, supone un grave ataque a los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad. Su consecuencia inmediata se traduce en un deterioro de los servicios públicos así como, la supresión de más de 11.000 puestos de trabajo.
CSI-F reitera que los empleados públicos no son los culpables de una crisis provocada por la mala administración política de los recursos públicos.
Hoy, más que nunca, unos servicios públicos de calidad son imprescindibles y un derecho histórico para el ciudadano.
Los empleados públicos somos necesarios, por lo que exigimos que se reconozca por parte de la Administración la importancia de su trabajo así como, que se respeten sus derechos laborarles.
CSI-F , DEFENDIENDO LO PÚBLICO
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