El Ayuntamiento de Valdemoro pretende quitar el servicio de estacionamiento regulado y dejar a 25 familias en la calle
- CSIF advierte al alcalde de las consecuencias de romper unilateralmente el contrato con Valoriza (Sacyr) y éste responde que no hay marcha atrás porque es un servicio "impopular"
22 de Marzo de 2017

El Ayuntamiento de Valdemoro ha anunciado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, que tiene previsto disolver el servicio de estacionamiento regulado de esta localidad en junio o julio de este año, lo que supondrá dejar a 25 personas en el paro.

Así lo anunció ayer personalmente a este sindicato el alcalde de Valdemoro, Guillermo Gross (Ciudadanos), que asegura que "no hay marcha atrás" en una decisión que supone romper unilateralmente el contrato que tiene firmado con Valoriza (Sacyr), debido a que es un servicio "impopular" entre la ciudadanía. La medida cuenta con el apoyo de Podemos y PSOE.

CSIF advirtió al alcalde de que esta decisión implica dejar a 25 familias de Valdemoro en el paro, pero éste señaló que esto es responsabilidad de Valoriza y no del Ayuntamiento, el cual nunca recolocaría a los 25 trabajadores de este servicio porque, según señaló el alcalde, la ley no lo permite.

El contrato con esta compañía, de 26 millones de euros, fue firmado en 2012 por el anterior equipo de gobierno, del PP, y tiene una duración de 25 años. Sobre el coste de romper el contrato unilateralmente y la previsible disputa jurídica en los tribunales, la única respuesta del alcalde fue que la decisión está tomada y que el servicio dejará de existir en Valdemoro.

Este ayuntamiento asegura que Valoriza se ha saltado lo establecido en el contrato desde el momento en que no cumplió la ratio establecida de 45 controladores para todo el municipio. El consistorio valdemoreño está esperando el informe de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid (antiguo Consejo Consultivo), el cual estaría dispuesto a acatar pese a no ser vinculante.

CSIF se opone frontalmente a esta decisión por cuanto supone dejar sin trabajo a 25 personas, además de que podría provocar un efecto contagio en otras localidades de la Comunidad. Este sindicato anunció al alcalde que tomará las medidas que considere oportunas para intentar frenar el despido de estos trabajadores.