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Los bomberos de Madrid ya se concentraron el pasado 15 de agosto, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), coincidiendo con las fiestas de La Paloma, su patrona, para exigir la incorporación de 250 efectivos más para paliar el cúmulo de trabajo, así como la revisión del convenio.
Ahora, después de tres meses en los que por parte del Ayuntamiento no ha habido ningún acercamiento, estos empleados públicos vuelven a la carga para protestar contra un convenio caducado, la mala gestión que el Cuerpo de Bomberos arrastra desde la época de Gallardón y Botella donde entre otros desastres se perdieron más de 400 plazas de Bombero y Bombero conductor. Asimismo, los actuales responsables del Área de Salud Seguridad y Emergencias hacen oídos sordos a las señales de alerta que ha presentado el servicio de extinción de incendios sin importarles la situación real, como si todo funcionará por inercia, manteniendo estructuras y políticas pasadas que nos han llevado hasta este punto limite.
El Cuerpo de Bomberos no solo cuenta con un convenio de condiciones laborales caducado con múltiples remiendos donde los continuos embates llegados desde el Gobierno central han ido recortando derechos. Además, dicho acuerdo tiene secuestrada a la plantilla en una prorroga “sine die” donde la obligación de hacer guardias extraordinarias, que finalizaba en teoría en 2015, ha pasado de ser la excepción a ser el pan nuestro de cada día ante la falta de plantilla.
A todo lo expuesto debemos añadir un Reglamento del año 1984 obsoleto y la falta de una valoración real del trabajo del bombero en el siglo XXI, donde las nuevas tecnologías hacen que los integrantes del cuerpo tengan que estar en continua formación y adecuación a los riesgos actuales.
Mención especial merece la situación del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, donde desde marzo de este año la Presidencia del CSS ha impuesto de forma unilateral un bloqueo y censura a todo lo concerniente a Prevención de Riesgos Laborales en Bomberos Madrid.
Por todo ello y ante el silencio sepulcral que el responsable del Área, Javier Barbero, y la gerente de la Ciudad mantienen, es el motivo por el que pedimos la intervención directa de la alcaldesa, Manuela Carmena, como responsable máxima del Ayuntamiento de Madrid y hacemos participes a los ciudadanos de Madrid, denunciando públicamente esta situación y avisando del riesgo que corren.