Los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte aún no han cobrado la nómina de abril
- CSIF constata la desesperación de estos empleados, que desde 2012 sufren constantes retrasos en sus nóminas, y se dirige a la Comunidad de Madrid para que acelere el pago del convenio
30 de Mayo de 2017

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha constatado la desesperación de los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte de Madrid, que aún no han cobrado la nómina de abril y que desde 2012 sufren constantes retrasos en el cobro de sus salarios.

CSIF se ha dirigido a la Comunidad de Madrid para denunciar esta situación y para que acelere el pago del convenio a esta Mancomunidad con el fin que pueda hacer frente al pago de estas nóminas, una vez ya se autorizaron los convenios con las distintas mancomunidades y ayuntamientos de la región por los que el Gobierno autonómico aporta 27,5 millones de euros.

Asimismo, CSIF ha solicitado una reunión con la Consejería de Políticas Sociales y Familia para exponer los continuos problemas que sufren los 24 trabajadores de esta Mancomunidad que engloba a 42 municipios y 12 pedanías de la Sierra Norte de Madrid (29.000 habitantes en total) y que fue constituida en 1990.

El retraso en el cobro de las nóminas es especialmente grave para aquellos trabajadores que tienen que desplazarse entre los distintos pueblos y pedanías de la Mancomunidad, ya que se ven obligados a adelantar de su bolsillo estos desplazamientos. Y no son únicamente demoras en el abono de los salarios: ha habido meses que se han pagado las nóminas en dos plazos. Por otra parte, tampoco se les ha devuelto la paga extra de 2012. Pero los trabajadores aclaran que, pese a todo, siguen cumpliendo con sus obligaciones laborales.

Esta Mancomunidad de la Sierra Norte tiene como peculiaridad el gran número de municipios que la componen y la dispersión geográfica de su población, lo que obliga a profesionales como los trabajadores sociales a tener que desplazarse en vehículos propios, con el fin de garantizar los principios de universalidad, igualdad o proximidad que recoge la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.