LA LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA ATIENDE LAS DEMANDAS DE CSIF
07 de Junio de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, recibió respuesta al escrito que presentó en diciembre de 2019 al Defensor del Pueblo en el que, entre otras denuncias, señalaba a la sobreocupación como el origen de los conflictos en el Centro de Primera Acogida “Hortaleza”. En el escrito, esta institución da la razón a CSIF y considera “fundamental” que “se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico” y acordó formular a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid la siguiente Recomendación: “Establecer un protocolo interno de investigación y esclarecimiento de las agresiones a menores que se produzcan en el centro, así como las medidas a adoptar tanto para prevenir agresiones como para depurar responsabilidades” Parece que el Gobierno de la Nación se ha concienciado de la necesidad de proteger al menor contra la violencia, y Ha aprobado la LEY ORGÁNICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida, y por tanto establece medidas en ámbitos jurisdiccionales, educativos, sanitarios y de políticas sociales Dado el carácter orgánico de la Ley, es de obligado cumplimiento que a los profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de menores: Educadores Sociales, Psicólogos y Trabajadores Sociales se les considere Agentes de la Autoridad y, por tanto, su régimen jurídico sea funcionarial Así mismo, se deben establecer Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad. Estos protocolos deberán reunir los siguientes aspectos:: a) Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.

b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillas, accesibles, seguras y confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así como información sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes. d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y reputación. e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar. CSIF exige a los responsables de la Consejería de Politicas Sociales: Consejero, D.G. Menor y Gerencia de la AMAS a que dé cumplimiento a lo mandatado por esta ley, ya que el Dictamen del Defensor del Pueblo lo han considerado papel mojado ¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!

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