La temporalidad en el sector público de la Comunidad de Madrid se dispara, pese a los buenos datos del paro
- CSIF constata que el número de empleados públicos temporales vuelve a niveles de 2011, en plena crisis
29 de Enero de 2019

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2018 que hemos conocido hoy revela que la temporalidad en el sector público en la Comunidad de Madrid se ha disparado y ha regresado a niveles de 2011, cuando estábamos en plena crisis económica, superando la barrera de los 100.000 trabajadores públicos temporales.

Los buenos datos de paro en general, con 70.400 desempleados menos en la Comunidad, no logran esconder el aumento de la precariedad del sector público: de los 476.500 ocupados del sector público de la región, 367.300 son fijos y 109.200, temporales. Es decir, casi uno de cada cuatro empleados públicos de la región es temporal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha constatado que este incremento de la temporalidad nos ha devuelto al pico más alto de la precariedad en el sector público de la Comunidad de Madrid durante la crisis: los 110.600 temporales registrados en la EPA del segundo trimestre de 2011.

En cuanto al empleo público en general en la región, la EPA del cuarto trimestre de 2018 revela un cambio de tendencia, ya que en los dos trimestres anteriores se registraron importantes bajadas después de que en el primer trimestre del año pasado se llegara hasta los 482.400 ocupados del sector público. Sin embargo, en el tercer trimestre se descendió hasta los 457.500, cifra que en el último trimestre del año se ha revertido con casi 20.000 trabajadores públicos más en Madrid (476.500 en total).

El presidente de CSIF Madrid, Manuel González Molina, ha urgido al Gobierno autonómico a frenar cuanto antes este incremento sustancial de la temporalidad en el sector público, más cuando la justicia lleva tiempo instando a la Administración a poner fin a la interinidad.

Además de la convocatoria de las plazas prometidas, González Molina ha pedido al Gobierno autonómico una mejora en la calidad de los servicios a la ciudadanía y la devolución de la jornada de 35 horas, entre otros derechos arrebatados a los empleados públicos durante la crisis.