La Consejería de Justicia pone en marcha la fase 3 del plan de desescalada en la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, pese a reconocer que se está implantando al margen de los criterios de desescalada general.
Se alcanzará mañana hasta el 100% de plantillas presenciales, sin garantizar los medios necesarios de protección y sin saber cómo adoptar las medidas necesarias para evitar nuevamente confusión e inseguridad entre los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de nuestra Comunidad Autónoma.
09 de Junio de 2020

De manera casi surrealista, la nueva reunión "informativa" de la Mesa Sectorial de Justicia ha comenzado, pidiendo la Administración a las organizaciones sindicales - y no al revés como la lógica indica de quién nos ha convocado -, que informáramos sobre los temas a tratar durante la misma, tras la publicación de la Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia.

Desde CSIF Justicia Madrid hemos puesto sobre la mesa los temas claves que han de ser objeto de debate, tratando de evitar que en esta nueva fase de desescalada en la Administración de Justicia de nuestra Comunidad se produzcan nuevamente ni las continuas improvisaciones a la que nos tiene acostumbrados la Dirección General de Justicia, ni la injerencia por parte de algunos órganos que pretende arrogarse competencias de las que carecen en materia de condiciones laborales de los Funcionarios de Justicia.

Desde CSIF hemos insistido, una vez más, que la Administración debe regular de manera clara y eficaz, las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que el objetivo prioritario es garantizar la protección de la salud durante la prestación de muestro servicio público y la conciliación familiar de las personas en el desarrollo de la Fase 3 de la desescalada en la Administración de Justicia madrileña:

  • En primer lugar,hemos solicitado nuevamente información sobre los estudios del Área de Prevención de Riesgos Laborales para ver la viabilidad de garantizar el control de la debida distancia social (mínimo de 2 metros) durante el desarrollo de nuestra actividad laboral, dado que es un tema clave para la implantación de jornadas de tarde entre las plantillas de funcionarios de las sedes que no reúnan dichos requisitos. Sorprendentemente, y pese a que se trata de una medida organizativa de primer orden para la protección de la salud, hemos detectado en la Administración un nulo interés en la puesta en marcha de la jornada de tarde, tal vez por el elevado coste que supondría adoptar medidas como garantizar la limpieza y desinfección entre los turnos de mañana y tarde. Corrobora esta apreciación, el hecho de que han establecido un procedimiento para su autorización largo y farragoso, y que hay que esperar a la autorización expresa de la jornada de tarde para poder realizarla. En caso de no garantizarse la salud por contar con la distancia de seguridad o con los equipos de protección adecuados, denunciaremos a la Administración para que cumpla con su obligación de garantizar dicha protección.

Mientras el Director General nos informa que se han pedido 1342 licencias del sistema de videoconferencia por "zoom" y otros tantos kits de cámaras y sistemas de audio para celebrar vistas con las debidas garantías procesales a distancia, no hemos obtenido respuesta ante nuestra denuncia por las situaciones que se están produciendo de señalamientos de vistas en horario de tarde de manera incontrolada.

  • También hemos vuelto a exigir que se adopten las medidas necesarias para llevar a cabo la implantación del teletrabajo a todos los funcionarios que voluntariamente lo soliciten, dado que el porcentaje que se encuentre desarrollando su actividad mediante esta posibilidad permitirá también garantizar las distancias de seguridad, aunque en el caso de no tener concedido algún tipo de permiso deban acudir dos días a la semana presencialmente. El Director General nos ha informado que se han solicitado 500 ordenadores portátiles para atender la demanda de teletrabajo para los casos en que no se disponga de medios, además de estar ya operativas 800 licencias de "isla". Apuestan por el teletrabajo por ejemplo para solventar la situación de los funcionarios pertenecientes a grupos de riesgo, o que necesiten conciliar la vida familiar y laboral. También desde CSIF hemos puesto de manifiesto la dificultad que tiene habilitar el teletrabajo en el caso de los funcionarios de Auxilio Judicial por la especificidad de las funciones que tienen que realizar, y que la Administración debe adoptar soluciones para que también puedan optar voluntariamente por esta modalidad laboral, como todos los compañeros interesados en llevarla a cabo con las debidas garantías.

  • En cuanto a garantizar medidas de protección hemos vuelto a exigir la dotación permanente de EPIs, en especial de mascarillas, geles desinfectantes, pantallas faciales, guantes, batas, mamparas, teléfonos individuales, etc. para todo el personal, así como el refuerzo en la ventilación, limpieza y desinfección de instalaciones. Además de la garantía de medidas de protección colectivas, como puedan ser el control de temperaturas; la limitación del aforo en ascensores y zonas comunes; mejorar la cartelería y la señalización de zonas de tránsito, espera o paso, etc.

  • Desde CSIF, hemos requerido nuevamente a la Administración para que aclare cuál va a ser el futuro de los actuales permisos extraordinarias, ya que cumplen funciones importantes tanto para garantizar la salud como para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar en la fase 3. El Director General nos ha comunicado que el próximo día 21, con la finalización de estado de alarma y el inicio de las vacaciones escolares, dejaran de tener vigencia los permisos de conciliación para cuidado de menores o mayores dependientes, sin que hayan sido capaces de habilitar alguna medida alternativa. Desde CSIF seguiremos exigiendo de todas las Administraciones medidas de conciliación más allá de dicha fecha, para garantizar los legítimos derechos de los trabajadores en esta materia.

  • Así mismo hemos solicitado también garantía de medidas de protección adecuadas y la adaptación de sus condiciones de trabajo para todos los funcionarios que formen parte de grupos de riesgo o mayores de 60 años, que puedan ver peligrar su salud o agravadas sus patologías con su asistencia al puesto de trabajo, incluso más allá del 21 de junio, de acuerdo con lo que recomienden las autoridades sanitarias,. A tal fin, hemos exigido la mejora del protocolo de informes que desde el Área de Personal o el Servicio de Prevención de Riesgos de la Comunidad de Madrid hasta el día de hoy se están realizando informes de manera descoordinada y poco clara, sin hacer constar además en los mismos cuestiones vitales para adoptar decisiones adecuadas como si se realizan servicios de guardias, hay contacto directo con el público en el puesto de trabajo, se practican diligencias de calle, etc..

  • En lo referido a las vacaciones, permisos y licencias, la Dirección General mantiene la actual regulación, aunque se encuentra pendiente de lo que desde el Ministerio de Justicia se pueda determinar, especialmente en lo referido a la dotación de plantillas durante los meses de julio y agosto, sin precisar nada más por el momento.

  • Además, la Dirección General se encuentran pendiente de recuperar progresivamente la presencia física de funcionarios de la Comunidad de Madrid en la sede de Gran Vía 43 para poder retomar la tramitación de la nueva bolsa de personal interino,que va a retrasarse todavía mucho tiempo por la imposibilidad material de baremar méritos;la gestión de comisiones de servicio, apuntando las dificultades que conlleva por la falta de nombramiento de personal interino para cubrir la plaza en que se conceda; el concurso de traslados, cuya oferta ridícula de plazas hemos criticado y nos han manifestado que han incluido las vacantes puras y las plazas vacantes del TSJ y la Fiscalía; o el pago de guardias, que pretender regularizar los posibles atrasos ya este mes de junio.

  • Finalmente, se nos ha informado que a 60 funcionarios del Registro Civil que han realizado un importante esfuerzo profesional durante la pandemia en lo referido a la inscripción de fallecimientos, se les están abonando merecidas prolongaciones de jornada que esperemos cubran a toda la plantilla que desarrollo una actividad tan necesaria y merecedora de todo tipo de reconocimientos.

Desde CSIF hemos dejado claro que en esta nueva Fase 3 hacia la “nueva normalidad”, seguiremos luchando para alcanzar el objetivo fundamental que es la protección tanto de la salud de todos trabajadores, como de los profesionales y ciudadanos que acudan a las dependencias judiciales, con todas las garantías y, por esto, ejercitaremos cuantas acciones resulten necesarias para su defensa en la Administración de Justicia de nuestra Comunidad, con denuncias ante la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento que pueden conducir al cierre de aquellos órganos judiciales que no reúnan las adecuadas garantías de protección a la salud de los trabajadores.