La Consejería de Justicia crea un conflicto con la instalación de las trituradoras de papel y les pasa la pelota a los trabajadores
La Comunidad de Madrid ha instalado destructoras de papel de gran capacidad en todos los órganos judiciales, sin prever quien debe revisarlas, vaciarlas y sustituir los sacos de papel triturado.
27 de Junio de 2019

Aunque parece un problema menor, esta situación está causando importantes roces entre el personal funcionario de justicia y los trabajadores de la empresa adjudicataria de la limpieza de nuestras sedes judiciales, cuando ninguno de los colectivos es responsable de una problemática que ha generado la Administración por su falta de previsión.

CSIF se dirigió, en varias ocasiones, a los responsables de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales al objeto de trasladar las quejas de multitud de compañeros, solicitando que se adoptasen medidas para evitar que el conflicto se agravase. La Administración, lejos de darnos una solución, envía mensajes contradictorios y pasa la pelota a los que menos culpa tienen, a los trabajadores.

En un primer lugar, desde la Dirección General de Infraestructuras Judiciales nos indicaron expresamente que, “La contrata de limpieza, Garbialdi, tiene instrucciones claras e inequívocas de que tiene que retirar las bolsas del papel de las destructoras en todas las sedes… El personal de limpieza de cada Juzgado tiene que llevar las bolsas al punto que se haya determinado en cada sede judicial, para su posterior recogida por parte de la contrata, junto con el papel y cartón.

Por otro lado, unos días después nos transmiten que, “La retirada de las bolsas de papel triturado desde las destructoras a cualquier otro punto es competencia de la contrata de limpieza.

Lo que no es competencia de la contrata es abrir las máquinas, comprobar el estado de llenado de las bolsas, sacarlas de las máquinas, y poner bolsas nuevas”.

Versiones opuestas que no hacen más que evidenciar la falta de previsión, y generar un conflicto que no existía en nuestros órganos judiciales. Está claro que esas tareas no corresponden a los funcionarios de la Administración de Justicia a tenor de los artículos 476, 477 y 478 de la LOPJ, y tampoco se pueden enmarcar dentro de la naturaleza análoga al resto de funciones, ni son inherentes al puesto de trabajo que se desempeña dentro de la Administración de Justicia. Y si el personal de limpieza tampoco es el que debe desarrollar estos trabajos, según se desprende de lo manifestado por la Administración, ¿Quién tiene entonces, que abrir las máquinas, sacar y sustituir los sacos?

La respuesta tiene que darla la Consejería de Justicia, y así se lo hemos exigido desde CSIF. No pueden mirar para otro lado y dejar, mientras tanto, que sean los trabajadores quienes apechuguen con una incidencia de la que no son responsables.