CSIF alerta de que el nuevo sistema de comunicación electrónico puede comprometer la seguridad del personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid
26 de Abril de 2016

A través de escrito dirigido a la Dirección General de Justicia, CSIF denuncia una vez más que continúan apareciendo nuestros datos personales en todas las notificaciones que realizamos a través del sistema de comunicaciones implementado en nuestros órganos judiciales. Esto supone que al efectuar alguna comunicación a través del sistema integrado en GPRO, el receptor visualiza nombre, apellidos y DNI de la persona que efectúa el envío.

Consideramos desde CSIF que esto vulnera la Ley de Protección de datos personales de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya que no actuamos en nuestro propio nombre al realizar las notificaciones, sino que trasladamos una resolución del órgano judicial donde desarrollamos nuestra actividad, y que en todo caso debe ser firmada por el/la Juez y/o Letrado/a de la Administración de Justicia. Esta situación hay que resolverla ya, sino acudiremos a los tribunales.

Como consecuencia del tipo de trabajo que realizamos y teniendo en cuenta los usuarios con los que nos relacionamos diariamente (delincuentes, investigados, detenidos, procesados…), nuestros datos personales son más que sensibles y su publicidad puede comprometer gravemente nuestra seguridad. No podemos olvidar que, tal y como hemos denunciado ya en algunas ocasiones, es habitual observar trifulcas, agresiones físicas y verbales dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia por parte de algunas de las personas que acuden a nuestras sedes judiciales.

Por eso, CSIF exige a los responsables de la justicia de nuestra región que adopten cuantas acciones técnicas sean necesarias para que no se refleje nuestra identidad en los actos de comunicación realizados a través de GPRO y LexNET o cualquier otra herramienta informática, garantizando así la protección de nuestros datos de carácter personal y en consecuencia nuestra seguridad.

DIRECTIVA EUROPEA que establece el marco comunitario para la firma electrónica dice que “los proveedores de servicios de certificación deben observar la normativa sobre protección de datos y el respeto de la intimidad"

La Ley 59/2003 de firma electrónica, establece la posibilidad de que los certificados reconocidos incluyan como dato de identidad del firmante un seudónimo que conste como tal de manera inequívoca, con lo cual, no hay excusa para no vincular nuestra firma electrónica a un número profesional que nos identifique, tal y como ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, desde CSIF hemos planteado a la Dirección General de Justicia como solución, al igual que hicimos en las últimas reuniones del grupo de seguimiento de LexNET en el Ministerio de Justicia, que implemente una firma electrónica de órgano que sustituya las actuales tarjetas criptográficas de firma electrónica personal.